La decisión de la Secretaría de Energía de lanzar el Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas (Pronev) fue "necesaria para unificar normas y que las provincias puedan adherirse" para seguir el camino de las cinco que ya tomaron la iniciativa, con leyes sancionadas en los últimos tres años, según la integrante del Grupo de Instituciones por el Etiquetado Energético de Viviendas, Silvina López Planté.

"La Secretaría necesitaba contar con un marco organizativo y el Pronev enmarca distintos puntos necesarios para la implementación del etiquetado", señaló, en referencia a la creación del programa a través de la resolución 5/2023 del 6 de enero.

El proceso de elaboración y difusión del etiquetado de viviendas no es una tarea sencilla porque, como señaló López Planté a Télam, "a diferencia de un electrodoméstico, una vivienda por sí sola es un hecho individual, no estandarizado, salvo que sea parte de proyecto de secuencias de unidades repetitivas".

En la Argentina, el etiquetado cuenta con una historia que se remonta al 2010, cuando el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) lanzó la primera versión de la Norma IRAM 11.900, que por entonces estaba limitada a cuestiones de calefacción para edificios.

Una revisión de 2017 estableció el Índice de Prestaciones Energéticas (IPE) para viviendas unifamiliares y/o unidades funcionales de edificios multifamiliares destinadas a uso residencial.

El IPE es un valor expresado en kilowatt por metro cuadrado al año y representa una estimación de la energía primaria que demandaría la normal utilización un inmueble para satisfacer las necesidades asociadas a calefacción en invierno, refrigeración en verano, producción de Agua Caliente Sanitaria (ACS) e iluminación.

En base al IPE se establece la calificación en el etiquetado, que va desde la letra "A" (menos consumo y mayor eficiencia) a la "G" (mayor consumo y menor eficiencia).

En 2019, la norma pasa a denominarse "11900/2019, Prestaciones Energéticas en Viviendas. Método de cálculo y etiquetado de eficiencia energética", completándose su elaboración con una discusión multidisciplinaria de la que "participaron cuarenta especialistas y representantes de empresas productoras de materiales para la construcción, cámaras empresariales, institutos especializados, universidades nacionales, colegios profesionales, las sucesivas áreas de energía del gobierno nacional, la Provincia de Santa Fe, el Enargas (Ente Nacional Regulador del Gas) y el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial", destacaron en el IRAM.

A partir de esa norma, la Secretaría de Energía elaboró el aplicativo con el que los profesionales que hayan hecho el curso de certificadores (arquitectos, ingenieros y maestros mayores de obra) pueden hacer el cálculo sobre una vivienda existente o proyectada, que se vuelca en un informe que se sintetiza en la etiqueta.

La participación de Santa fe en las deliberaciones dejó en evidencia el interés de la provincia en el tema, al punto que fue la primera en contar con una ley de Etiquetado de Viviendas, con una particularidad: la Ley 13.903 fue sancionada en 2019, durante el mandato del socialista Miguel Lifschitz, y reglamentada en 2021, en la gestión del justicialista Omar Perotti.

Las cuatro siguientes fueron Entre Ríos (Ley 10.907, julio de 2021), Mendoza (Ley 9.336, agosto de 2021), Río Negro (Ley 5.546, diciembre 2021) y Tucumán (Ley 9.592, agosto de 2022).

En medio de ese proceso, empresas y profesionales de la construcción intensificaron los contactos para terminar conformando el Grupo de Instituciones por el Etiquetado Energético de Viviendas, integrado por la Asociación Nacional de Industrias de Materiales Aislantes (Andima), el Instituto de la Construcción en Seco (Incose) y el Argentina Green Building Council (AGBC).

El Pronev pasaría a jugar el papel del "paraguas" que en el orden nacional coordine las diferentes iniciativas provinciales y municipales, de modo de evitar el riesgo de un desorden desde el punto de vista normativo.

"Sería bueno que se sancionase una ley nacional", admitió López Planté, quien rescató que "las cinco leyes (provinciales) existentes tienen una coherencia, pero eso fue por razones de sentido común y el interés de sus autores".

De todos modos, y a falta de una ley nacional, la Norma IRAM 11.900, aunque voluntaria, es desde 2017 una referencia central para autoridades, profesionales, desarrolladores y empresas constructoras para abordar el etiquetado de viviendas con criterios de eficiencia energética.

(Télam)