La interventora del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Soledad Manín, sostuvo hoy que "el incremento en las facturas" del servicio de energía eléctrica en los hogares, los comercios y las industrias "tiene que acompañar una recuperación económica y no afectar el poder adquisitivo de los salarios".

"El incremento en las facturas tiene que acompañar una recuperación en la economía; no tiene que afectar el poder adquisitivo de los salarios", afirmó Manín al abrir la audiencia pública en la que se debate una tarifa de transición al 2023 para las distribuidoras eléctricas del área metropolitana Edenor y Edesur.

La funcionaria destacó que "es interesante poder tener esta instancia de participación ciudadana, que es uno de elementos que el Estado tiene para tomar una decisión, escuchando a todos los actores sociales que tengan una voz para hacer su aporte y que eso sea previo a la toma de decisión".

Consideró que "fortalece a la democracia poder escuchar directamente a usuarios y usuarias".

La interventora explicó que "la política tarifaria tendrá dos pilares fundamentales: garantizar el funcionamiento de los servicios públicos en condiciones de calidad y seguridad del abastecimiento, y no sobrecargar a los usuarios con facturas exorbitantes".

Para ello, indicó que se va a "implementar una política de tarifa de transición por los próximos dos años", pero remarcó que durante este periodo "se garantizará que las concesionarias cuenten con los fondos necesarios para solventar los gastos de operación y mantenimiento, y realizar las inversiones de seguridad y confiabilidad que permitan prestar el servicio en condiciones de calidad deseadas".

Por su parte, el presidente de Edenor, Ricardo Torres, propuso aumentos que, sin mayores subsidios del Estado, representan en la factura al consumidor un 31% en promedio para todos los clientes de la distribuidora, y un 28% en el caso de los residenciales.

"Si el Estado definiera que la totalidad del déficit previsto por Edenor se incluya en la factura de los clientes, sin aplicar mayores subsidios, las tarifas deberían aumentarse un 28% a los clientes residenciales, y un 31% promedio para todos los clientes de Edenor", indicó Torres.

El ejecutivo precisó que con ese incremento "un millón de clientes pagarían en promedio $ 800, y otro millón, $ 1.600", y agregó que "solamente el 18% de nuestros clientes residenciales pagaría más de $ 2.100".

Subrayó que "hace más de dos años que no se incorpora el aumento de los costos en los ingresos de Edenor", y advirtió que la distribuidora de la zona norte del AMBA "no tiene forma de mantener las operaciones sin fondos suficientes".

En ese sentido, indicó que "si se cumplen las proyecciones que el Gobierno formuló en el presupuesto nacional, el déficit previsto superará los $ 20.000 millones", y añadió que "si en cambio se comprueban las proyecciones de las consultoras económicas consultadas por el Banco Central, el déficit se ampliará a $ 30.000 millones".

En la misma línea, el presidente de Edesur, Juan Carlos Blanco, propuso aumentos del 34% en la factura para los clientes residenciales de la distribuidoras, y del 45% para el resto de las categorías.

Blanco explicó que "una primera propuesta consta de un aporte de los usuarios con un nuevo cuadro tarifario a partir del 1 de abril, y que necesita una actualización en agosto, según la inflación".

En ese sentido, precisó que "la aplicación de este cuadro tarifario significaría un aumento del 34% para los usuarios residenciales y del 45% para el resto de las categorías".

Además puntualizó que "la segunda propuesta consiste en un subsidio aportado por el Estado nacional por $34.260 millones, que contempla una variación de inflación prevista en el presupuesto".

Blanco subrayó que "ninguna de las dos alternativas contempla los $ 22.000 millones que el Estado nacional le adeuda a Edesur".

La audiencia con las distribuidoras se realizó luego de las cuatro audiencias públicas que el ENRE celebró ayer por las tarifas del transporte eléctrico de alta tensión, con Transener; Transba y Districuyo; Transnea y Transnoa; y Transpa, Transco y Epen.

En la de hoy, Manín señaló que "durante los últimos años el sector de la energía eléctrica experimentó fuertes cambios", y remarcó que "en particular, en lo que respecta al rol del Estado en las regulaciones vigentes".

Destacó que "la etapa 2016-2019 estuvo signada por la reducción de los subsidios y la dolarización de la energía", y puntualizó que "eso llevó a fuertes subas tarifarias que debieron ser afrontadas por usuario y usuarias".

También subrayó que "mientras las empresas concesionarias recibían cuantiosas transferencias de recursos, el Estado abandonó su rol planificador", y señaló que "las escasas obras realizadas en ese periodo fueron impulsadas por el sector privado y bajo contratos en dólares".

Puso de relieve que "esta política afectó la actividad económica, el empleo y el bolsillo de las familias argentinas, que debieron destinar una masa creciente de sus ingresos para pagar la energía".

Además, indicó que "se desplegaron políticas de aumentos de tarifas y de quita de subsidios a partir de las cuales las distribuidoras incrementaron sus ingresos".

Al respecto, puso como ejemplo que "un hogar que consumía 30 kilovatios por mes pasó de pagar $ 30 en enero de 2016 a $ 183 en febrero del mismo año". (Télam)