El plan puesto en marcha por el Gobierno busca solucionar el déficit habitacional de la Argentina, estimado entre 1,5 y 2 millones de viviendas, pero también atender la emergencia de familias que podrían sufrir el desalojo en medio de la pandemia, como consecuencia de haber perdido su trabajo o reducido sus ingresos.

Para ello el Ministerio de Desarrollo Territorial aprobó el Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales.

Así se atenderá con prioridad la situación de familias monomarentales y monoparentales, personas adultas mayores o en situación de vulnerabilidad, con discapacidad y en extrema pobreza o indigencia, y a víctimas de violencia de género, en los casos que se produzcan desalojos como consecuencia de la finalización del decreto que los prohibió durante un año como consecuencia de la pandemia.

"Es una decisión política del Estado de no mirar para otro lado ante una circunstancia que para nosotros puede ser muy penosa: que familias se queden en la calle", indicó a Télam el secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini, quien puntualizó que "hay que ser claros: nuestro país no tiene un stock de viviendas propias del Estado nacional".

Al respecto, indicó que "el modelo que el Estado nacional tiene es uno de financiamiento de unidades ejecutoras para la construcción de viviendas", y puntualizó que "ahora hay un fuerte compromiso del presidente Alberto Fernández con el programa Casa Propia, que implica 264.000 soluciones habitacionales en un plan trienal".

"Nosotros ponemos recursos públicos para construir viviendas en la Argentina. Lo garantizamos con el programa Casa Propia. En una situación que puede derivar en desalojos de contratos de alquiler instrumentamos el Protocolo. Pero hay restricciones que tenemos como gobierno nacional con una organización jurídica de tinte federal", explicó el funcionario.

En ese sentido, señaló que "las organizaciones urbanísticas no están delegadas en el gobierno nacional, sino que son de decisión autónoma en cada jurisdicción", y sostuvo que "lo que el sector necesita son mayores regulaciones urbanísticas".

"El año pasado lanzamos el Plan Nacional de Suelo Urbano, que es un instrumento que busca colaborar con las provincias, municipios y la ciudad de Buenos Aires, para lograr el primer paso hacia esa regulación que es el acceso al suelo", explicó Scatolini, quien agregó que "ahora, hace muy poco, se lanzó el Programa Nacional de Planificación y Ordenamiento Urbano". (Télam)