El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) informó que durante 2020 sancionó a medio centenar de empresas y personas físicas de 14 países de la región por actos de fraude, corrupción o “prácticas colusorias”, es decir, acuerdos entre compañías para “un propósito inapropiado”.

Las sanciones, que en ningún caso recayeron sobre firmas argentinas o proyectos que se ejecutan en el país, alcanzaron también a firmas de España y Portugal y consistieron en inhabilitaciones de entre 2 y 13 años para participar en iniciativas financiadas por el BID.

El informe anual de la Oficina de Integridad Institucional y Sistema de Sanciones del organismo advirtió que “los riesgos de fraude y corrupción suelen aumentar en tiempos de crisis, dado que la concesión de financiamiento, los procesos de adquisiciones y contrataciones, y las transacciones financieras se aceleran para poner recursos a disposición de manera oportuna”.

“Ello, a su vez, puede aumentar el riesgo de supervisión inadecuada, el abuso de la toma de decisiones discrecionales y los sobrecostos, lo que reduce aún más el impacto de las operaciones de alivio”, alertó el Banco.

El ranking de empresas y personas sancionadas por el BID lo encabeza España, con 8 casos, seguido por Guatemala (7), Panamá (5) y Chile (3).

En tanto, los proyectos afectados por acciones fraudulentas, corruptas o de colusión de empresas se ubicaron mayormente en Guatemala (15 casos), Brasil (12) y Panamá (11).

El Banco insistió en que la pandemia de Covid-19 movilizó fondos “sin igual en todo el mundo para satisfacer las necesidades derivadas de la crisis de salud y brindar alivio económico a los ciudadanos y empresas afectados”.

Pero, “al mismo tiempo, la urgencia y el volumen de recursos, han generado oportunidades considerables para la corrupción y otras violaciones de las normas de integridad”.

En ese sentido, y con fines preventivos, la Oficina de Integridad Institucional (OII) del BID respondió el año pasado 230 consultas sobre la gestión del riesgo de integridad en operaciones con garantía soberana, frente a 185 en 2019.

A la vez, el número de consultas tramitadas por operaciones de BID Invest (el brazo del organismo para préstamos directos al sector privado) se elevó a 1,185 en 2020, es decir, 39% más que en el año anterior.

Según el informe, “los esfuerzos concertados de la OII para atraer más atención hacia las investigaciones de alto impacto está teniendo efectos positivos”.

“A través de estas investigaciones más difíciles, muchas de las cuales están relacionadas con tramas complejas de corrupción o colusión, OII puede informar mejor a los gerentes y el personal del área de operaciones sobre los riesgos sistémicos que afectan a programas del Grupo BID”, se indicó.

Esta labor, continuó el Banco, “también ha generado más atención con respecto a temas de integridad que afectan a contratos de gran valor, a menudo ejecutados por empresas multinacionales, que exponen a operaciones financiadas por el Grupo BID en la región”.

En ese sentido, concluyó el informe, este año la Oficina de Integridad Institucional del Banco “tiene la intención de seguir priorizando las investigaciones de alto impacto” y de consolidar “la colaboración con autoridades nacionales en investigaciones de interés mutuo, así como la cooperación con otras organizaciones internacionales”. (Télam)