Exfuncionarios, científicos y especialistas salieron a cuestionar la decisión del gobierno por el impacto negativo para el desarrollo tecnológico.
Diputados bonaerenses aprobaron el Presupuesto 2022 y la Ley Impositiva y las giraron al Senado
La Cámara de Diputados bonaerense aprobó el proyecto de ley de leyes, que contempla un gasto total para el año próximo de $ 3,1 billones y un pedido de nuevo endeudamiento de algo más de $90 mil millones, y la Ley Impositiva, que prevé un aumento de
Economía 29 de diciembre de 2021 Agencia TélamLa denominada "ley de leyes provincial" -que plantea un déficit primario de $48.800 millones y uno financiero de $133 mil millones- pasó al Senado al igual que la Ley Fiscal, donde se espera que se sancionen durante la madrugada.
El proyecto girado por el Poder Ejecutivo destaca que el rol del Estado estará "orientado a acelerar la recuperación económica" y a "garantizar los derechos sociales y equiparar las oportunidades de progreso de sus habitantes".
Afirma que en el 2022 se aumentarán los niveles de inversión pública en infraestructura en todas las áreas primordiales de la provincia por lo que "los gastos de capital en el año tendrán un incremento del 44,1 por ciento en términos reales y alcanzarán máximos históricos en jurisdicciones como Educación, seguridad, justicia y vivienda".
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— Diputados BA (@HCDiputadosBA) December 28, 2021
Durante el debate, el diputado Juan Pablo de Jesús (FdT) destacó que el presupuesto "refleja que las mayores inversiones están en educación, salud, seguridad, obras públicas y a cuestiones que hacen a mejorar la calidad de vida de los bonaerenses".
"Las políticas de nuestro gobernador Axel Kicillof llegan a todos los municipios, por eso se incluye un Fondo de Seguridad para que todos puedan adquirir patrulleros y cámaras", agregó y puso de relieve que "en un plan de 6 años, se llevarán adelante reparaciones establecimientos educativos y de hospitales".
En ese marco, De Jesús ponderó el trabajo llevado adelante con otros bloques, "que permitieron incorporar artículos que beneficiarán a los municipios" y rechazó que desde el Gobierno se discrimine a los distritos opositores.
El proyecto prevé inversiones en infraestructura y vivienda por $260.609 millones, lo que implica el 8,4% del presupuesto total.
Incluye obras de vialidad destinadas a inversión y mantenimiento en rutas y caminos rurales, planes de rehabilitación y ensanche de calzadas, pavimentación de caminos productivos, obras de Iluminación, señalamiento y de seguridad vial; obras de vivienda, de agua y cloacas; proyectos de energía y obras de hidráulica.
Otro punto tiene que ver con la promoción de la producción, el empleo y la inclusión social, con una inversión que ascenderá a $123.079 millones, lo que implica un incremento de 57% real respecto al año 2019.
Una de las políticas fundamentales en ese sentido es el Servicio Alimentario Escolar, que tendrá la inversión más elevada en términos reales en la historia reciente del programa, con $51.575 millones. En términos presupuestarios, implica una mejora del 118% en términos reales frente a los niveles de 2019.
Se prevé un gasto de $35.333 millones para el área educativa, con $10.907 millones para el programa Escuelas a la Obra, $5.485 millones para fortalecimiento edilicio de jardines y $6.621 millones en tecnología educativa.
El proyecto girado por el Poder Ejecutivo destaca que el rol del Estado estará "orientado a acelerar la recuperación económica" y a "garantizar los derechos sociales y equiparar las oportunidades de progreso de sus habitantes".
Además se contemplan, entre otros programas, $11.000 millones en programa integral ATR de acompañamiento de las trayectorias educativas; y la creación de la Escuela Provincial de Formación de Equipos de Supervisión y Dirección.
En cuanto a la inversión en seguridad, el proyecto de presupuesto contempla reforzar la inversión para contar con más policías, mejor equipamiento e infraestructura, para lo cual se destinarán $47.233 millones, lo que implica una mejora del 10,2% en términos reales interanuales y del 199,6% respecto al ejecutado en 2019.
Se destacan $20.013 millones para el Fortalecimiento del equipamiento de seguridad; $16.362 millones para Formación policial; $3.200 millones para puesta en valor de dependencias policiales.
El presupuesto además incluye un Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad de $7.000 millones y esta noche se acordó con la oposición la inclusión de un Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) de 17 mil millones de pesos para que las comunas dispongan de ciertos recursos para la realización de obras.
La inversión en Salud, con el objetivo de reforzar el sistema sanitario en post pandemia, será de $ 135 mil millones, un 80% más que en el 2019.
La inversión abarca medicamentos, insumos médicos, equipamiento sanitario para hospitales, el Programa materno infantil y nutrición PRO.M.I.N, Unidades de Pronta Atención, e Infraestructura en Centros de Atención Primaria, entre otros.
La "Perspectiva de Género" es el último eje para el que el gobierno destinará casi $ 75 mil millones destinados a programas tendientes a reducir la brecha de género en la provincia de Buenos Aires.
También se trató esta noche la Ley Impositiva, que es la que fija los tributos que los bonaerenses deberán abonar el año que viene y que, de acuerdo al gobierno bonaerense, "está diseñada sobre la base de la recuperación económica".
Desde el Poder Ejecutivo se precisó que la norma busca "dotar de mayor progresividad a la estructura tributaria", evitando aumentar la carga sobre la mayoría de las y los habitantes de la Provincia y haciendo hincapié en la solidaridad de los sectores con mayor capacidad contributiva.
Así, en el caso de Ingresos Brutos, se duplica el monto de facturación para acceder a alícuotas diferenciadas. Además, aquellos monotributistas de la categoría más baja que se inscriban en el Régimen Simplificado de Ingresos Brutos tendrán una exención del impuesto provincial por 12 meses.
En lo que hace al Impuesto Inmobiliario Urbano Edificado, para dotar al impuesto de mayor progresividad se establecen topes de crecimiento del gravamen respecto del año anterior, los cuales son ascendentes a mayor patrimonio.
"Casi el 90 por ciento de los contribuyentes tienen aumentos menores al 35 por ciento", señala el proyecto impositivo.
Lo mismo ocurre con el Inmobiliario Rural y el Impuesto Automotor donde la mayoría de los contribuyentes tienen incrementos menores al 35 por ciento.
Con relación al Impuesto de Sellos, se mantienen las alícuotas vigentes. (Télam)
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