Los ministerios de Desarrollo Territorial y de las Mujeres crearon el Programa Interministerial Habitar en Igualdad, con la finalidad de impulsar políticas públicas habitacionales y de desarrollo urbano con perspectiva de género, dirigidas a mujeres y personas LGBTI+, a través de la Resolución Conjunta 4/2021 publicada hoy en el Boletín Oficial.

El programa se propone generar líneas de acción que permitan la inclusión, participación y formación de las mujeres y LGBTI+ en los procesos vinculados con el acceso y construcción de viviendas, así como la formación en los oficios asociados y la generación de un espacio urbano más inclusivo.

Para ello, se promoverá una plataforma de trabajo común, que tenga como principio general al derecho al hábitat y a una vivienda digna entendido como un derecho humano fundamental para todas las personas.

Para el cumplimiento de estos objetivos, se promueve la implementación de una agenda de trabajo entre ambos ministerios, a fin de llevar adelante acciones conjuntas destinadas a la incorporación de la perspectiva de género y diversidad en todas las políticas vinculadas con el hábitat y al acceso a la vivienda.

También, a atenuar las consecuencias de las violencias interpersonales por motivos de género que afectan a las mujeres y LGBTI+, especialmente a las personas travestis y transgénero, a través de medidas que fomenten el acceso a la vivienda digna.

Así, se buscará la promoción de la igualdad de las mujeres y LGBTI+ a través de medidas de acción positiva para su inclusión en los procesos de construcción de viviendas, y de desarrollo urbano y rural.

Por otro lado, la iniciativa tiende a impulsar la perspectiva de género y diversidad en las políticas públicas de acceso a la vivienda y al hábitat digno en la planificación, desarrollo y equipamiento urbano y rural.

Además, pretende promocionar la participación de las mujeres y LGBTI+ en los procesos de diseño, planificación, desarrollo, seguimiento y monitoreo de las políticas públicas de acceso a la vivienda, de producción de suelo, desarrollo y equipamiento urbano y en las áreas vinculadas con la construcción.

Del mismo modo, se busca fomentar la igualdad de las mujeres y LGBTI+ tanto en el acceso y mejoramiento de la vivienda como en el diseño y el uso del espacio público.

Asimismo, el programa apunta a elaborar de forma conjunta entre ambos ministerios criterios de priorización para la asignación de viviendas que contemplen en particular las necesidades de las personas en situación de violencia por motivos de género.

De acuerdo con los contenidos del plan, "las dificultades en el acceso a la vivienda representan un problema para una gran parte de la población".

"Sin embargo, aun cuando la información oficial sobre el acceso a la vivienda y al hábitat de las mujeres y LGBTI+ es escasa, resulta palpable que para elles presenta dificultades aún mayores", indica el documento, que destaca que "los obstáculos para la inserción en el mercado laboral, los bajos salarios y la asunción de las tareas de cuidado dificultan la posibilidad de las mujeres de afrontar económicamente una vivienda".

Según el Relevamiento Nacional de Barrios Populares (Renabap) de 2019, aproximadamente 4 millones de personas, 935.000 familias, viven en los 4.416 barrios populares identificados en todo el país.

El 63,7% de las viviendas de los barrios populares tiene como responsable del hogar a una mujer, y sólo el 31% de las mujeres que residen en estos barrios tienen un trabajo con ingreso.

La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su informe estadístico de 2020, dio cuenta de que el 50% de las personas denunciadas tenían un vínculo de pareja con las denunciantes.

A su vez, el 20% eran convivientes y el 14% cónyuges, con lo cual compartían techo con el agresor. Las mujeres en situación de violencia por razones de género se enfrentan a panoramas aún más graves: la falta de una vivienda o la imposibilidad de acceder a ella puede desincentivarlas a abandonar el contexto de violencia o, al hacerlo, pueden exponerse a mayores riesgos de recurrir a una vivienda precaria o quedar en situación de calle.

Por otra parte, la discriminación basada en la identidad de género impacta en el acceso a la vivienda de LGBTI+, especialmente de personas travestis y trans.

La exclusión del hogar a temprana edad y las barreras sociales para acceder a trabajos formales les impiden acceder a una vivienda a través del mercado inmobiliario.

Así recurren a viviendas precarias y transitorias (hoteles, pensiones, entre otras) en las que habitualmente reciben malos tratos y son obligadas a pagar precios más altos.

En consecuencia, el Programa sostiene que "la especial condición de vulnerabilidad de las mujeres, en especial de aquellas en situación de violencia por motivos de género, y de LGBTI+ exige el abordaje prioritario de la problemática habitacional de estos colectivos".

"De este modo, resulta fundamental la implementación de una política pública diseñada desde la perspectiva de género, con la finalidad de reparar estas desigualdades y contribuir a la satisfacción del derecho de acceso a la vivienda", afirma el documento. (Télam)