La Justicia de Córdoba impuso penas de hasta tres años de prisión en suspenso y multas de entre $ 20 y $ 30 millones, a cuatro personas condenadas por el delito de intermediación financiera no autorizada.

El Tribunal Oral N° 2 en lo Criminal Federal de Córdoba, a cargo del juez José Fabián Asís, acreditó que los condenados utilizaban distintas empresas que prestaban servicios de caja de seguridad y ofrecían a sus clientes el depósito de dinero a plazo mediante pago de intereses, para luego utilizar esos fondos para préstamos y créditos, sin autorización del Banco Central.

Tras el juicio iniciado en abril, Juan Carlos Barrera y sus hijos Iván Ariel y Pablo Adrián fueron condenados junto con Carlos Orlando Reartes como coautores del delito de intermediación financiera agravada, informó el Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Como pauta de conducta para mantener en suspenso las penas, deberán montar, financiar y trabajar en un comedor comunitario para 80 personas durante dos años.

El juicio contó con la asistencia de la Procuraduría de Criminalidad Económica (Procelac) para la determinación del daño de las maniobras.

Según se detalló, a través de tres firmas (Bacar Traca SRL, Compañía Barrera S.A. y Blicen S.A., todas con domicilios en el barrio centro de Córdoba capital) se persuadía a los clientes para que, bajo la figura simulada de un contrato de caja de seguridad, depositasen su dinero a plazo a cambio del pago de intereses notoriamente más altos (entre 30 y 50%) que los ofrecidos por las instituciones autorizadas por el Banco Central.

Una vez captados los fondos, los ahora condenados desarrollaban la actividad de intermediación financiera valiéndose de locales comerciales en plena zona financiera que, de acuerdo con la fiscalía, eran “sólo una pantalla de una actividad principal de intermediación financiera”.

Además, a través de la operatoria de descuento de cheques y de la caución de cheques en garantía, instrumentaron préstamos de dinero a terceros a través de una tasa de interés muy superior a la ofrecida por la banca autorizada.

En cuanto a las tareas comprometidas por los condenados en un comedor comunitario, el fiscal Carlos Gonella resaltó la "dimensión reparadora a través de una acción social", ya que "en el contexto de pobreza y hambre que tenemos por efecto de la pandemia, es una medida muy interesante para analizar y tomar como ejemplo”. (Télam)