El gobierno de Tierra del Fuego anunció un aumento del 140% en la tarifa del servicio de agua potable, lo que generó el rechazo de organizaciones sociales y empresariales de la provincia, que cuestionaron la medida y pidieron su suspensión hasta una vez superado el contexto de la pandemia de coronavirus.

Las autoridades fueguinas justificaron el incremento que será aplicado en dos tramos -90% a partir de mayo y el resto en agosto- en un congelamiento tarifario vigente desde 2017, y en el incremento de los insumos relacionados con la provisión del servicio, a partir de la apreciación del dólar los últimos años.

Sin embargo, los sectores que se oponen al aumento recordaron que la gestión del actual gobernador Gustavo Melella ya había dispuesto subas anteriores de 20% en 2020 y de un 35% a partir de este año.

“En principio no es cierto que la tarifa estuviera congelada desde 2017. Hubo dos aumentos anteriores en 2020 y 2021. Es decir que con el 140% actual, el servicio se habrá incrementado en más de un 200%, produciéndose el tarifazo más alto de todo el país”, denunció el titular de la Asociación Participación Ciudadana de Ushuaia, Guillermo Worman, en diálogo con Télam.

La entidad social fue una de las que participó de la audiencia pública realizada el viernes, donde la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (Diposs) expuso la necesidad de actualizar la tarifa de los servicios de agua y cloacas.

“Las diferencias se van a percibir en las próximas facturas según las zonas de Ushuaia, y la categoría comercial y económica de quienes están conectados al servicio de red. En Tolhuin el aumento será más homogéneo y en Río Grande no tendrá impacto porque el servicio lo presta el municipio”, explicó Worman.

Por su parte, el presidente de la Diposs, Cristian Pereyra, expuso en la audiencia que la gran mayoría de insumos utilizados en la potabilización del agua “están atados al valor del dólar”, a lo que “hay que sumarle el efecto inflacionario de todo este tiempo”, señaló.

Como contrapartida, el funcionario anunció que el nuevo cuadro tarifario “ampliará” la diferencia del costo del servicio entre sectores de mayor poder adquisitivo y de zonas más vulnerables, además de generar una tarifa social para quienes no puedan pagar y una reducción del 30% para instituciones de bien público y del 25% para sectores con “caída temporal de sus actividades económicas” producto de la pandemia.

Según Worman, el gobierno fueguino adoptó la “decisión política de que la actualización de costos la paguen los usuarios del servicio, en lugar de que la amortigüe el Estado, en el contexto actual de crisis”, indicó.

En ese sentido, sostuvo que en otras provincias los aumentos aplicados fueron “todos de menor impacto” como “los casos de Santa Fe, que solo autorizó un 32%, Neuquén, un 37%, San Juan un 45% y Córdoba, un 55,1%”, precisó.

“El tarifazo resulta tan contradictorio que el mismo organismo que aplica el aumento, mantiene vigente la tercera moratoria para los usuarios que han acumulado deudas”, aseveró el dirigente social.

En tanto, el presidente de la Cámara Hotelera y Gastronómica de Ushuaia, Carlos Manfredotti (h) también participó de la audiencia y les solicitó a las autoridades la “suspensión” del aumento atendiendo a la “brusca caída” de la actividad turística producto de la pandemia.

Si bien la audiencia pública no es vinculante, la gestión del gobernador Melella debe analizar ahora las diferentes posturas y resolver si mantiene la decisión de implementar el nuevo cuadro tarifario. (Télam)