Advierten sobre los riegos para los usuarios por las operaciones con criptoactivos

El Banco Central (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) advirtieron hoy en un comunicado conjunto que “los criptoactivos presentan riesgos y desafíos para sus usuarios, inversores y para el sistema financiero en su conjunto”.
El comunicado recordó que diferentes organismos nacionales e internacionales emitieron recomendaciones al respecto ante la proliferación de esos criptoactivos en los últimos años, dados “la dinámica que exhiben sus precios, su tecnología subyacente y alcance global, así como las actividades asociadas a su operatoria”.
Para el BCRA y la CNV, es “oportuno proveer información y alertar sobre eventuales implicancias y riesgos que los criptoactivos pueden acarrear, así como recomendar una actitud prudente, a fin de mitigar una eventual fuente de vulnerabilidad para los usuarios e inversores”.
Si bien esos instrumentos no evidencian actualmente niveles significativos de aceptación y utilización en el país, la velocidad de los desarrollos y el creciente interés en ellos hacen necesario la adopción de una “actitud precautoria”, señaló el comunicado.
Definió luego que los criptoactivos como una representación digital de valor o de derechos que se transfieren y almacenan electrónicamente mediante la Tecnología de Registro Distribuido (Distributed Ledger Technology, DLT) u otra tecnología similar.
“Si bien estas tecnologías podrían contribuir a promover una mayor eficiencia e innovación financiera, los criptoactivos no son dinero de curso legal” o título legal, se aclaró.
Como resultado, su aceptación como medio de cancelación de deudas o para realizar pagos en la economía “no es obligatoria”.
El BCRA y la CNV mencionaron además la “elevada volatilidad”, ya que “las cotizaciones de los criptoactivos pueden fluctuar significativamente en cortos períodos de tiempo, lo cual puede dar lugar a importantes pérdidas financieras para sus tenedores, incluyendo la posibilidad de perder la totalidad de los recursos invertidos”.
Incluso, se añadió, los denominados criptoactivos “estables” (stablecoins), diseñados para mantener su valor con respecto a otro activo o canasta de activos, “muestran generalmente altos niveles de volatilidad en sus precios y tienen niveles variables de respaldo en moneda fiduciaria”.
Asimismo, el valor de los criptoactivos “depende de su grado de aceptación, por lo que puede verse afectado por la ocurrencia de eventos adversos a nivel global”.
Otro riesgo señalado alude a “disrupciones operacionales y ciberataques”, ya que las plataformas de intercambio, negociación y custodia de criptoactivos podrían enfrentar interrupciones en la continuidad de los servicios o fallas de sistema, “durante las cuales las personas usuarias pueden no tener acceso a sus tenencias y, como resultado no poder realizar operaciones, situación que podría reflejarse en pérdidas económicas”.
Esas plataformas, inclusive, pueden sufrir ciberataques que impliquen la pérdida o robo de las claves de acceso de los usuarios, lo cual podría suponer la pérdida de los criptoactivos, y de la totalidad del capital invertido, "sin posibilidad de recuperarlos”.
Por otra parte, los saldos registrados en billeteras virtuales de criptoactivos no cuentan con seguro de depósito ni con las salvaguardas que la regulación vigente provee a las personas usuarias de servicios financieros.
“En la actualidad no existen en Argentina criptoactivos ni tokens cuya adquisición o tenencia puedan beneficiarse de ninguna de las garantías previstas por la normativa para los servicios bancarios o de inversión”, añadió el comunicado.
La información provista por los proveedores de servicios de criptoactivos, además, “puede ser compleja o incompleta y no revelar adecuadamente los riesgos”, ya que los precios “se forman en ausencia de mecanismos eficaces que impidan su manipulación, como los presentes en los mercados regulados de valores”.
El BCRA y la CNV alertaron por último sobre los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y potencial incumplimiento a la normativa cambiaria, así como acerca del carácter transfronterizo de las operaciones, ya que un eventual conflicto podría quedar fuera del ámbito de competencia de los tribunales y de las autoridades argentinas; aumentando así el costo de defensa de los derechos de los usuarios e inversores. (Télam)