El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) aseguró hoy que “quienes más denuncian violencia económica y patrimonial son las mujeres mayores de 74 años”, en el marco del sexto aniversario de la primera marcha del movimiento Ni Una Menos en el que analizaron la violencia de género en clave económica.

A través de la red social Twitter, CEPA analizó la violencia de género en clave económica, tomando como base los datos publicados por la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de 2020.

Para el año pasado la OVD contabilizó 9974 denuncias de violencia doméstica, en las que el 74% de quienes denunciaron violencia eran mujeres. Del total de denuncias, un 36% incluyeron violencia económica o patrimonial dentro de las violencias sufridas.

En este sentido, destacaron que quienes más denuncian violencia económica y patrimonial son las mujeres mayores de 74 años, al registrarse que un 46% denunció haber sido víctima de este tipo de violencia, superando la incidencia registrada en las mujeres más jóvenes (35% para el grupo de 22 a 29 años, por ejemplo).

De esta manera, destacaron esta variación ya que se trata de una etapa en la que suele haber pocos divorcios y en esta línea, a raíz de estos datos infieren que cuanto menor es el grado de dependencia económica, mayor es la posibilidad de salir de un entorno de violencia doméstica.

No obstante, plantearon que si bien la independencia económica es importante, no es suficiente, ya que el 62% de mujeres que denunciaron violencia doméstica con un componente económico y/o patrimonial durante el año 2017, trabajaban de manera remunerada, según el informe “Violencia y Patrimonial de la OVD”, con lo cual, manifestaron que el solo hecho de generar recursos propios no garantiza la autonomía económica de las mujeres.

Asimismo, sostienen que la principal forma en la que los varones ejercen violencia económica o patrimonial es a través del incumplimiento de la cuota alimentaria y/o la división del patrimonio común posterior a la disolución de pareja y resaltaron en este sentido, que solo 1 de cada 4 mujeres que no convive con el progenitor de sus hijes percibe la cuota alimentaria.

“La violencia de género tiene un impacto negativo en la economía y aunque en Argentina es un tema poco estudiado, análisis internacionales demuestran los efectos económicos de este fenómeno: el BID estima una pérdida entre el 1,6% y el 4% del PBI en América Latina y el Caribe”, contextualizaron.

Entre los costos económicos de la violencia de género señalaron la sobrecarga en los sistemas de salud pública y justicia, la pérdida de productividad por el impacto en las ocupaciones de las víctimas y su entorno, impacto sobre la educación y cuidados de los hijos e hijas de mujeres violentadas, pérdidas materiales de las mujeres víctimas de violencia, costos de oportunidad para generar ingresos propios.

La Ley N° 26.485 menciona como formas de ejercicio de la violencia económica la limitación o control de sus ingresos, la percepción de un salario menor por igual tarea dentro de un mismo lugar de trabajo y la destrucción de objetos y documentos personales, entre otros.

Cuanto mayor sea la dependencia económica de la víctima respecto del agresor, menores serán las posibilidades que tendrá de salir del círculo de la violencia, afirmaron. (Télam)