El Gobierno de Colombia no logra contener las protestas y se endurecen los reclamos

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Deportes 15 de mayo de 2021 Agencia Télam
Tras más de dos semanas, 41 muertos, cientos de heridos y otro tanto de desaparecidos por la represión policial y paramilitar, el Gobierno de Colombia no logra contener las protestas masivas que aún dominan algunas de las principales ciudades del país y los reclamos sociales que se endurecen.
Todo comenzó a finales del mes pasado, luego que el presidente Iván Duque presentara al Congreso un proyecto de reforma impositiva que buscaba ampliar significativamente la recaudación gravando los servicios públicos con el IVA para millones de colombianos que hoy están exentos.
El objetivo era recaudar unos 6.780 millones de dólares para hacer frente al aumento masivo del gasto durante la pandemia, especialmente por las ayudas impositivas y directas que el Estado dio a sectores empresariales y productivos.
El estallido fue inmediato.
Todos los sectores que habían sentido que el Gobierno ignoró sus crecientes necesidades a lo largo de la pandemia se negaron a aceptar, ahora, más carga impositiva y salieron a la calle, convocados por el llamado Comité del Paro, una plataforma compuesta por 40 organizaciones, entre ellas las centrales sindicales, grupos estudiantiles, indígenas, campesinos y variadas ONGs.
La Justicia intentó frenar las protestas con argumentos sanitarios -el país atraviesa números significativos de contagios de coronavirus como sus vecinos- y, cuando no pudo, el Gobierno decidió desplegar masivamente a la Policía y el temido escuadrón antidisturbios Esmad en las grandes ciudades.
Los días siguientes sacudieron a Colombia y el mundo entero.
Policías y paramilitares en camionetas encabezaron una represión con gases lacrimógenos y balas de goma y de plomo, y una casería de manifestantes, que subían a vehículos y se los llevaban a pequeñas comisarías de cercanía, donde no los ingresaban oficialmente y, según denunciaron varios de ellos, los torturaron y amedrentaron hasta liberarlos.
Ayer un frente de organizaciones de derechos humanos sumó una nueva denuncia: una joven de 17 años se suicidó luego de ser abusada sexualmente por los policías que la detuvieron esta semana al margen de una protesta, de la que además no participaba. La ira revivió en su ciudad.
La lluvia de denuncias dio un nuevo giro a las protestas que ahora no se conforman con que el presidente retiró su reforma impositiva, sino que piden verdad y justicia por todos los muertos y agredidos, una desmilitarización de las calles y, entre otras medidas económicas, una renta básica similar a un salario mínimo mensual para todos los que están debajo de la línea de pobreza, es decir, más de seis millones de hogares.
El Gobierno no parece por ahora estar dispuesto a aceptar eso, pero sigue negociando para abrir un diálogo estable con el Comité de Paro para calmar el enojo en las calles en un país que en menos de un mes será una de las sedes de la Copa América. (Télam)
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