La RAE pide que se retire la orden de detencion contra el escritor Sergio Ramirez

La Real Academia Española pidio hoy el "levantamiento inmediato" de la orden de detencion contra el escritor y exvicepresidente nicaraguense de 79 años Sergio Ramirez cursada por la Fiscalia de Nicaragua por actos que "incitan al odio" y por

D-Interés 11 de septiembre de 2021 Agencia Télam
La Real Academia Española (RAE) pidió hoy el "levantamiento inmediato" de la orden de detención contra el escritor y exvicepresidente nicaragüense de 79 años Sergio Ramírez cursada por la Fiscalía de Nicaragua por actos que "incitan al odio" y por "conspirar" contra la soberanía, en el contexto de aprehensiones y juicios abiertos a opositores a dos meses de las elecciones generales.
En su comunicado, la institución lo definió como "uno de los más lúcidos pensadores y literatos del universo hispanohablante" y también como un "valiente luchador por las libertades en su país", informó la agencia de noticias DPA.
La orden de detención contra quien en 2017 se alzó con el premio Cervantes fue dictada por la Fiscalía de Nicaragua el pasado miércoles por "conspirar" e "incitar al odio", en un movimiento que Ramírez atribuyó a movimientos políticos por parte de la "dictadura" de Daniel Ortega.
"Se presentó acusación en contra de Sergio Ramírez por realizar actos que fomentan e incitan al odio y la violencia", informó la Fiscalía en un comunicado en referencia a quien también cuenta con la nacionalidad española, fue un revolucionario sandinista y vicepresidente de su país entre 1985 y 1990.
En ese sentido, la RAE destacó en su comunicado que la orden de detención cursada contra Ramírez se enmarca en un "grave intento" de cercenar las "libertades de pensamiento y expresión" en Nicaragua.
"Las palabras tienen que ser usadas en libertad por todos; evitar la manifestación libre de toda clase de opiniones, muy especialmente de contenido político, es la forma más intolerable de ejercicio arbitrario del poder porque conduce a la opresión de los ciudadanos en beneficio exclusivo de los imperantes", resaltaron en el texto difundido hoy.
La institución también indicó que el comunicado está abierto a adhesiones por parte de otras instituciones culturales e informó que, hasta el momento, se han sumado otras 12 academias de la lengua, en concreto, las de Ecuador, México, El Salvador, Chile, Perú, Costa Rica, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Argentina, Puerto Rico y la Academia Norteamericana de la Lengua Española.
Ramírez se fue de Nicaragua después de que a inicios de junio fuera entrevistado en calidad de testigo por la Fiscalía sobre sus vínculos con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que dirigía la aspirante opositora a la presidencia Cristiana Chamorro.
En ese entonces, el también premio Alfaguara 1998 por "Margarita, está linda la mar", explicó que el apoyo financiero a la Fundación Luisa Mercado, nombre de su madre, era para actividades de la plataforma cultural Centroamérica Cuenta, que anualmente reúne a escritores, narradores y poetas del mundo.
Ante la acusación, el escritor se pronunció en sus redes sociales con un video en el que dijo que "las dictaduras carecen de imaginación y repiten sus mentiras, su saña, su odio, y sus caprichos. Son los mismos delirios, el mismo empecinamiento ciego por el poder".
"Soy un escritor comprometido con la democracia y con la libertad, y no cejaré en este empeño desde donde me encuentre. Mi obra literaria de años es la obra de un hombre libre. Las únicas armas que poseo son las palabras, y nunca me impondrán el silencio", resaltó.
Ramírez fue miembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional que asumió el país tras el triunfo de la revolución de 1979, y fue vicepresidente de Ortega en su primer mandato (1985-1990). En 1995, renunció por discrepancias al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Los cargos contra el autor de "Castigo divino" son los mismos que la Fiscalía le atribuye a 34 opositores y críticos del Gobierno, detenidos entre junio y agosto, entre ellos siete aspirantes a la presidencia, bajo leyes aprobadas por el Gobierno en diciembre pasado. (Télam)
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