Celulares en cárceles: nueva ofensiva opositora tras el caso de la “Banda del Millón”

El debate por el uso de celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires volvió a escalar en la Legislatura bonaerense y en los tribunales del conurbano. Esta vez, el senador provincial del PRO, Alex Campbell, presentó un proyecto de ley para prohibir el uso de teléfonos móviles en las unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) e instalar inhibidores de señal en todos los pabellones.

La iniciativa se suma a los reclamos de dirigentes de La Libertad Avanza y a pedidos judiciales recientes vinculados a la causa de la denominada “Banda del Millón”, investigada por una serie de robos violentos y homicidios en el norte del conurbano.

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“En las cárceles de la provincia los presos siguen delinquiendo desde adentro. Además de usar celulares para eso, hacen TikToks, vivos, asados, juegan a la play. Una vergüenza”, lanzó Campbell al difundir su proyecto. Y agregó: “Hablamos de delincuentes presos condenados por homicidios luego de matar y destruirle la vida a tantas familias. Esto no puede seguir pasando”.

El legislador de la Sexta sección sostuvo que la medida apunta a terminar con lo que definió como “call centers del delito” y planteó que el proyecto contempla inhibidores de señal, controles periódicos en pabellones, requisas en visitas y supervisión sobre el personal penitenciario para evitar el ingreso de dispositivos.

“Este proyecto es sentido común: presos sin celular, con inhibidores de señal para que no hablen por teléfono ni tengan acceso a internet y controles periódicos”, afirmó.

El antecedente judicial y el permiso durante la pandemia

La discusión sobre los teléfonos en cárceles bonaerenses se remonta al 30 de marzo de 2020, cuando el juez Víctor Violini, del Tribunal de Casación Penal bonaerense, autorizó el ingreso masivo de celulares tras un habeas corpus colectivo presentado por internos de la Unidad N°9 de La Plata, en el contexto del aislamiento por Covid-19. La medida regía “durante el período que subsistan la situación de pandemia y la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio”.

El aislamiento concluyó el 30 de enero de 2021 y la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la emergencia sanitaria en mayo de 2023. Sin embargo, en la práctica, el uso de dispositivos continuó en los penales provinciales.

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Según datos del Ministerio de Seguridad bonaerense, las denuncias por estafas pasaron de 15.711 en 2020 a 27.919 en 2021, lo que representó un incremento del 77,7%. Sectores opositores vinculan esa suba al uso de celulares desde las cárceles, aunque especialistas advierten que establecer una relación causal directa requeriría estudios específicos.

En paralelo, estadísticas del Sistema Nacional de Ejecución de la Pena indican que en 2024 hubo 55.143 internos en cárceles bonaerenses y 6.001 sanciones disciplinarias, frente a 9.022 en 2019, último año sin celulares autorizados. Los homicidios intramuros también descendieron de 2,3 cada 10 mil internos en 2019 a 0,6 en 2024, según datos recopilados por la Comisión Provincial por la Memoria.

En la Legislatura, el tema ya había sido impulsado en julio de 2023 por la exdiputada radical Nazarena Mesías, quien propuso modificar la Ley de Ejecución Penal 12.256 para prohibir “equipos o terminales móviles que permitan comunicaciones telefónicas a través de aplicaciones informáticas de mensajería” e instalar inhibidores de señal obligatorios.

La causa de la “Banda del Millón” y el reclamo judicial

La polémica se reavivó con fuerza tras la investigación por la llamada “Banda del Millón”. El fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, a cargo también de la UFI de Ciberdelitos, solicitó a la Justicia la prohibición absoluta del uso de celulares y dispositivos con acceso a internet para más de 40 detenidos vinculados a esa organización.

En su presentación, Ferrari advirtió que, pese a las detenciones, los líderes continuaron organizando delitos graves desde cárceles y centros de detención juvenil mediante comunicaciones móviles. “La reiteración del patrón —mando intramuros y ejecución extramuros con el dispositivo celular como nexo operativo esencial— evidencia que el sistema de seguridad vigente resulta insuficiente”, señaló.

La investigación incluyó episodios como el asesinato del empresario Jorge De Marco en marzo de 2024 en Las Lomas de San Isidro, robos violentos en octubre y noviembre de ese año, y el crimen de María Susana Rodríguez Iturriaga, de 81 años, en Acassuso. Según consta en la causa, algunos hechos habrían sido coordinados mediante videollamadas en tiempo real desde lugares de detención.

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También se investigó una presunta extorsión sexual organizada desde la Unidad N°36 de Magdalena que habría derivado en la muerte del soldado Rodrigo Andrés Gómez, en una causa a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.

En este contexto, dirigentes de La Libertad Avanza como la diputada Analía Corvino y la senadora Florencia Arietto volvieron a exigir el tratamiento urgente de proyectos para prohibir los celulares en cárceles.

Por su parte, el gobernador Axel Kicillof defendió el trabajo conjunto con los municipios y apuntó contra el recorte de fondos nacionales dispuesto por Javier Milei. “Para combatir el delito, hace falta un trabajo serio y mancomunado como lo hacemos en la provincia junto a los 135 intendentes. A pesar de que Milei nos corte los recursos específicos para la seguridad, vamos a seguir invirtiendo en equipamiento, en infraestructura y en la continua profesionalización de nuestras fuerzas”, afirmó el mandatario bonaerense.