La Justicia avanza con nuevos detenidos en la trama financiera ligada a la AFA
Mariana Portilla
La investigación judicial sobre Sur Finanzas sumó en las últimas horas un nuevo capítulo con la detención de cuatro personas vinculadas a la estructura interna de la financiera. La medida fue dispuesta por el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella, en el marco de una causa por presunto lavado de activos y encubrimiento agravado.
Los arrestos se concretaron tras una serie de 14 allanamientos simultáneos realizados en Lomas de Zamora, la Ciudad de Buenos Aires y Pinamar, donde se secuestró documentación contable y material informático considerado clave para reconstruir las maniobras investigadas.
Entre los detenidos se encuentran Daniela Eliana Sánchez, secretaria privada del titular de la empresa; César Zapaia, oficial de Cumplimiento de Lavado de Activos; Juan Soler, empleado de la financiera, y Rolando Soloaga, jefe de choferes. Todos ellos forman parte del engranaje operativo de Sur Finanzas, la firma perteneciente al empresario Ariel Vallejo, también imputado en el expediente.
Según la resolución judicial, los acusados “habrían tenido un alto grado de participación en las maniobras imputadas”, a lo que se suma —advirtió Armella— el poder económico y la disponibilidad de recursos del grupo empresario, factores que incrementan el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.
La fiscal federal Cecilia Incardona, a cargo de la pesquisa, impulsó las detenciones luego de analizar teléfonos celulares secuestrados en procedimientos previos. En esos dispositivos se detectaron conversaciones internas en las que se impartían órdenes para retirar computadoras, extraer dinero de sucursales y eliminar registros de cámaras de seguridad.
De acuerdo con el expediente, a comienzos de diciembre de 2025 se habría activado un “protocolo de emergencia” destinado a borrar rastros de las operaciones bajo sospecha. El esquema incluyó el formateo de equipos, la desconexión de sistemas informáticos y el ocultamiento de dispositivos antes de los allanamientos.
Sur Finanzas aparece vinculada a la dirigencia del fútbol argentino por su cercanía con el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia.
El rol de cada imputado en la maniobra
Entre los mensajes incorporados a la causa figura una orden atribuida a Daniela Sánchez para que se eliminen archivos de video y se recaude dinero en distintas sucursales. Zapaia, en tanto, habría exigido ocultar dispositivos electrónicos antes de los procedimientos judiciales, mientras que Soler mantuvo diálogos con la jefa de Recursos Humanos, Susana Hoffmann, para desconectar programas de las computadoras de los cajeros.
Soloaga, por su parte, quedó señalado como responsable de la logística para trasladar una camioneta Toyota SW4 a un sitio denominado “covacha de civil”, donde se retiraron ploteos y se modificó su apariencia para evitar su identificación.
La investigación ya contaba con otros detenidos, actualmente bajo prisión domiciliaria: la tesorera de la firma, Micaela Sánchez, y los custodios Sergio Da Silveira y Juan Cervín. Los tres fueron arrestados en diciembre cuando retiraban computadoras de un galpón en Turdera y se encuentran procesados por encubrimiento agravado.
En una presentación judicial, Micaela Sánchez negó haber intentado destruir pruebas y aseguró que actuó para conservar su empleo y garantizar el funcionamiento de la empresa.

La investigación judicial sobre Sur Finanzas sumó en las últimas horas un nuevo capítulo con la detención de cuatro personas vinculadas a la estructura interna de la financiera.
El vínculo con el fútbol y la AFA
Sur Finanzas aparece además vinculada a la dirigencia del fútbol argentino por su cercanía con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. En paralelo a las detenciones, los investigadores avanzan con diligencias en al menos 17 clubes, entre ellos Racing, San Lorenzo, Independiente, Barracas Central y Banfield, para analizar relaciones financieras y préstamos otorgados en los últimos años.
Como ya informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la causa se inició en noviembre tras una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI), que alertó sobre maniobras destinadas a evadir más de $3.300 millones en impuestos. Según la hipótesis judicial, se habrían utilizado billeteras virtuales, criptomonedas, monotributistas sin capacidad económica y empresas fantasma para canalizar fondos de origen presuntamente ilícito.
Los investigadores detectaron además transferencias sospechosas por más de $800 mil millones desde 2020, así como préstamos a clubes con graves problemas financieros que habrían sido utilizados para blanquear dinero. Los dispositivos electrónicos de Vallejo ya fueron desbloqueados y están siendo peritados por la Policía Federal, con la colaboración de organismos especializados en delitos económicos y crimen organizado.

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