Pamela Orellana
El debate por el financiamiento de los hospitales de gestión compartida (SAMIC) volvió a tensar la relación entre el Gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires. En las últimas horas, mientras el bloque libertario de diputados bonaerenses presentó un pedido de informes al Ejecutivo para poner bajo la lupa una presunta deuda millonaria de la Provincia con estos establecimientos, desde el Hospital El Cruce advirtieron sobre un desfinanciamiento sostenido que, aseguran, podría derivar en un proceso de privatización encubierta.
La iniciativa, presentada esta semana en la Legislatura bonaerense, exige que los ministerios de Salud y Economía informen en un plazo de 30 días el estado financiero de los hospitales provinciales y SAMIC. El planteo se ampara en las atribuciones de control parlamentario y, según sus fundamentos, apunta a “garantizar la transparencia en la administración de los recursos públicos y el derecho de acceso a la información”.
Entre los puntos centrales del pedido de informes, los diputados de La Libertad Avanza reclaman conocer el monto total actualizado de la supuesta deuda provincial, discriminado por hospital y tipo de gestión. También solicitan detalles sobre los conceptos que habrían originado esos pasivos, incluyendo insumos médicos, servicios tercerizados, salarios, infraestructura y equipamiento.
El proyecto exige además precisiones sobre plazos de pago, la existencia de un cronograma de regularización, su grado de cumplimiento y los criterios utilizados para definir prioridades. En ese marco, se consulta qué medidas adoptó o prevé adoptar el Ejecutivo bonaerense para garantizar el funcionamiento normal y continuo de los hospitales frente a la situación financiera.
Otro eje sensible es el de los convenios de financiamiento. Los legisladores piden información sobre acuerdos vigentes con hospitales provinciales y de gestión compartida, incluidos aquellos que reciben asistencia del Estado nacional, detallando el alcance de esa ayuda y las responsabilidades asumidas por la Provincia. También solicitan datos sobre la evolución de la deuda en los últimos tres ejercicios presupuestarios y la distribución de obligaciones entre Provincia y municipios en materia de salud.
El pedido de informes se inscribe en una disputa más amplia entre el Gobierno nacional y la administración de Axel Kicillof por el control y financiamiento del sistema SAMIC. En diciembre, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó que la Provincia mantiene una deuda de $507.064 millones con cinco hospitales de gestión compartida, entre ellos El Cruce, Cuenca Alta, el Hospital del Bicentenario de Esteban Echeverría, el René Favaloro y el Presidente Néstor Kirchner. Según sostuvo, el funcionamiento de esos centros estaría siendo sostenido “mayoritariamente” por el Estado nacional.
Desde la Provincia rechazaron esas cifras y recordaron que los hospitales SAMIC cuentan con una mayoría de financiamiento nacional, que oscila entre el 70 y el 80 por ciento. Además, advirtieron que cualquier intento de modificar su esquema de funcionamiento debe pasar por el Congreso Nacional. La tensión se profundizó tras el Decreto 460/2025, mediante el cual el Ejecutivo nacional bloqueó la creación de nuevos hospitales SAMIC y disolvió las Delegaciones Sanitarias Federales.
Desde el Hospital El Cruce, una de las instituciones señaladas por Nación, el dirigente sindical Damián Zamorano alertó sobre el impacto concreto de esta disputa. “Estamos viviendo una situación muy angustiante que nos genera mucha incertidumbre”, afirmó, y remarcó el rol estratégico de estos hospitales de alta complejidad dentro del sistema de salud.
“El desfinanciamiento es una estrategia para avanzar sobre la privatización”, sostuvo Zamorano, quien advirtió sobre versiones que mencionan un posible gerenciamiento mixto. “Privatizar un hospital implica subordinar la salud a intereses económicos. Es una lógica de mercado que prioriza el lucro por sobre la atención”, señaló.
El dirigente también denunció un “desfinanciamiento selectivo” hacia la provincia de Buenos Aires y una crisis laboral creciente. “Perdimos un 42 por ciento del poder adquisitivo en un año, hay contratos que no se efectivizan y muchos profesionales se van al sector privado”, explicó. Y concluyó: “La unidad y la organización son claves para que no avancen sobre un sistema que garantiza el derecho a la salud de miles de personas”.
