En medio de una nueva jornada de paro docente, a raíz del conflicto por el cierre de paritarias, tanto Diputados como Senadores pidieron "prórroga sin hora" para el inicio de las sesiones en las que se iba a abordar el Presupuesto 2019.

Según se informó, hasta poco antes de las 12 de la noche había tiempo para negociar y debatir. Como bien se sabe, el oficialismo logró acordar con espacios opositores "dialoguistas" aunque laoposición más dura pedía la creación de una comisión bicameral para darle encuadre legal al tema, pensando en una futura ley marco que aborde el juego online y otros temas relacionados con los juegos de azar, incluyendo el seguimiento de la recaudación.

Además, surgía la chance de sancionar una nueva ley contra la ludopatía para establecer diferentes políticas que proteja a los bonaerenses frente a lo que se evalúa un aumento de la oferta lúdica. Por otro lado, entre Cambiemos y la oposición se negociaba la creación de otra comisión bicameral destinada a estudiar y eventualmente producir nueva legislación en cuestiones electoral.

La votación estaba prevista para el viernes, pero por la realización de la cumbre del G 20, en la que se requirió la presencia de las Fuerzas de Seguridad, se reprogramó. En simultáneo, afuera del recinto, se concentraron movimientos sociales, sindicatos y espacios partidarios opositores al gobierno de Cambiemos, que manifestaron su rechazo a la iniciativa, por considerar que los recortes en la misma afectarán a los trabajadores y a los sectores más vulnerables. Los mismos se dieron cita en Plaza Italia, en 7 y 44, y marcharon hasta 7 y 51, donde se ubica la legislatura, para permanecer allí hasta el fin de las sesiones.

Cabe destacar que el Presupuesto prevé un gasto de $929.000 millones, un endeudamiento público por $68 mil millones, priorizando la culminación y realización de obra pública, la inversión social y el mejoramiento en la seguridad. Uno de los puntos más polémicos es la transferencia a los municipios de los subsidios a las tarifas y el Ceamse, que la Provincia pretende trasladar a las comunas por un total de $13.000 millones, y que los intendentes reclamaron en la negociación de la aprobación.

 

 

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