En ese sentido, la legisladora advirtió: “Que haya menos juicios debe ser resultado de que haya menos accidentes y enfermedades laborales”.
Además, observó que desde la sanción de la ley 24557 -que solo buscó crear un mercado de capitales para que un grupo de empresarios hagan negocios con la salud de los trabajadores- todas las sucesivas modificaciones fueron cercenando los derechos de lado más débil.
A su vez, consideró que “Una vez más se dilapida la oportunidad de abordar la problemática de riesgos del trabajo en su faz preventiva y con un enfoque protectorio hacia los trabajadores, eludiendo la responsabilidad que pesa sobre este Congreso de dotar al sistema de constitucionalidad y legalidad y, al mismo tiempo, restablecer un criterio de justicia y equidad para sus destinatarios”.
“Con la excusa de bajar la litigiosidad, como único objetivo que persigue esta nueva modificación, se demoniza al trabajador que va a los tribunales. Para bajar la litigiosidad lo que deben hacer es disminuir los accidentes y enfermedades”, insistió.
Por otra parte, la líder del GEN estimó que “Esta norma insiste en defectos graves, llega viciada de inconstitucionalidad y viola el principio de que si una persona fue dañada en su trabajo tiene menos derechos que cualquier otra que sufrió un accidente estando, por ejemplo, de vacaciones y reclama”.
Por último, aseguró que se está volviendo a beneficiar a los sectores económicos en detrimento de los trabajadores y que no se puede alardear de competitividad a costa de los derechos de los trabajadores.
“La política de Estado debería estar orientada a reducir la siniestralidad, y no la litigiosidad -cual si fuera un propósito en sí mismo-, puesto que la reparación es una consecuencia directa de la ausencia de políticas de control y prevención una vez que los derechos han sido vulnerados”, resumió