La titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 62, Patricia Guichandut, se defendió hoy tras las críticas recibidas por haber liberado a motochorros y remarcó que "si se trata de modificar las reglas de política criminal, no es el Poder Judicial el que pueda dar las respuestas".

Luego de que el presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cuestionaran sus decisiones, la magistrada explicó que al motochorro colombiano Jair Stevens Jurado Mora le impuso "en la medida de sus posibilidades, como lo señala la ley, varias reglas de conducta entre las que se cuenta el pago de una suma dineraria en concepto de reparación del daño causado a la víctima a cambio de otorgarle la suspensión del juicio a prueba".

A través de un comunicado, también afirmó que la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) "no informó la existencia de causas penales contra Jurado Mora en el exterior ni que tuviera impedido de ingreso al país".

En ese sentido, Guichandut advirtió que en el Registro Nacional de Reincidencia (RNR) entregado por la Policía Federal (PFA) "no surge la existencia de antecedentes penales ni procesos en trámite del extranjero".

A la vez, la jueza aclaró que no intervino en la causa contra el uruguayo Antonio José Franco, que fue detenido mientras conducía una moto con un cómplice: tenía tres condenas cumplidas y un pedido de Migraciones para expulsarlo del país y entregarlo a las autoridades de Uruguay.

La magistrada resaltó que la ley "no establece diferencias entre ciudadanos nacionales y extranjeros".

"Si se trata de modificar las reglas de política criminal, no es el Poder Judicial el que pueda dar las respuestas", agregó Guichandut.(NA)

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