sociedad

Ordenan al Gobierno porteño a testear cada semana a residentes y empleados de geriátricos privados

Por Agencia Télam

22-07-2020 08:15

El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario 10, Aurelio Ammirato, ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que “dentro del plazo de cinco días de notificado, emprenda una campaña de testeo preventivo dirigida al conjunto de las personas hospedadas en todos los establecimientos geriátricos privados de la ciudad, y a todos los trabajadores que allí se desempeñan.

La resolución judicial agregó que estos testeos deberán llevarse a cabo “con frecuencia semanal y mediante reactivo PCR, mientras persista la circulación comunitaria del virus y el riesgo de contagio”, se informó a través del portal i-judicial.

En el análisis de la petición, el magistrado indicó que “debe tener por objeto la tutela de un bien colectivo, de carácter indivisible, pero en ningún caso existe un derecho de apropiación individual sobre el bien, ya que no se hallan en juego derechos subjetivos, dado que estos bienes no pertenecen a la esfera jurídica individual sino social y no son divisibles en modo alguno”.

Para el juez, de los términos de la demanda se desprende que “la pretensión instaurada reviste carácter colectivo en la medida en que el objeto de debate concierne a la presunta afectación de los derechos a la salud integral y a la vida de un grupo indeterminado pero determinable de individuos”.

El magistrado refirió que este grupo está constituido por “el conjunto de las personas alojadas en establecimientos geriátricos privados situados en esta ciudad y quienes allí desempeñan tareas laborales de distinta índole, tanto el personal administrativo como mucamas, cocineros, enfermeras, médicos, etc”.

Agregó que “la protección de tales derechos es instada en el contexto de una crisis sanitaria y se enfoca en la adopción de medidas tendientes a evitar o disminuir la propagación de una pandemia en curso”.

Por último, Ammirato ordenó que el GCBA prosiga con el testeo que “ya está realizando sobre los trabajadores, con frecuencia semanal, y extenderlo a los residentes. Pero deberá modificar la metodología diagnóstica, y aplicar a partir de ahora reactivo PCR”.

“Esta prestación no es exigible a los geriátricos ya que no está entre sus obligaciones legales, en tanto que indudablemente es deber del Estado proveer a la salud pública, e implementar para ello todos los dispositivos y recursos a su alcance para proteger a la población y enfrentar este flagelo que azota a la sociedad”. (Télam)