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Oficializarán en los próximos días asistencia económica y otras ayudas para víctimas de violencia

Por Agencia Télam

04-07-2020 12:45

En los próximos días se oficializará el apoyo económico para personas en situaciones de riesgo por violencia de género, se están definiendo los criterios para que accedan a viviendas y se instrumentará una asistencia en dinero y social para familiares de víctimas de femicidios, políticas anunciadas en un Plan conocido ayer y explicado por funcionarias del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

El Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Géneros lo presentó el presidente Alberto Fernández junto a la ministra del área, Elizabeth Gómez Alcorta, en un acto realizado por video ante el contexto de pandemia por coronavirus.

Las funcionarias del Ministerio, Josefina Kelly, secretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género, y las subsecretarias Laurana Malacalza, de Abordaje Integral, y Carolina Varsky, de Programas Especiales, detallaron a Télam algunas de las acciones previstas en el Plan.

Kelly calificó como "histórico" el anunciado programa Acompañar, que consistirá en un apoyo económico a las personas que se encuentran en situación de riesgo de violencia de género y que será igual a un salario mínimo vital y móvil que se otorgará durante seis meses a través de Anses.

Justificó su definición porque "ningún apoyo económico estatal es tan elevado" y anticipó que "en los próximos días" saldrá la reglamentación en el Boletín Oficial.

Aclaró que "se trata de un programa integral," porque además del apoyo económico "habrá un seguimiento" de cada situación "por parte del Estado nacional en convenio con municipios y provincias" que incluirá al monitoreo de las redes de apoyo con que cuenta o pueda contar la persona, para lo cual se pedirán informes a las áreas locales de género.

Asimismo anticipó que se implementará "en escala, en distintas etapas" y si bien "llegará a las 24 jurisdicciones" del país, comenzará primero en algunas provincias que "estamos definiendo, ya que todo se hará a través del Consejo Federal" del Ministerio.

Otro de los programas incluidos en el Plan es el de apoyo económico urgente, asistencia psicológica, social y jurídica para las familias y allegados a víctimas de femicidios, travesticidios y transfemicidios.

"Es una primera intervención a la familia con una prestación del Ministerio, articulando con organismos estatales. Se trata de una asignación económica excepcional: para sepelio, traslados, y de orientación y asesoramiento legal y psicológico" que se otorgará "dentro de 60 días ocurrido el hecho", detalló Varsky.

A diferencia de la ley Brisa que estipula una reparación económica para hijas e hijos de personas asesinadas en contextos de violencia familiar o de género, que requiere de una sentencia judicial de femicidio, este programa "no necesita" de un fallo judicial, "se pedirá un informe social", explicó la subsecretaria.

El Plan también incorporó el otorgamiento de viviendas para personas en situación de violencia de género, iniciativa "que tiene que ver con apoyar un proyecto de vida autónomo", definió Malacalza .

"Estamos trabajando en distintas propuestas con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat en base a dos ejes: acceso a viviendas en planes federales y a créditos para construcción o compra, priorizando a personas en situación de violencia de genero", especificó.

Kelly y Malacalza resaltaron que para acceder a viviendas no se utilizará el cupo "porque genera dificultades", por lo que se usarán "criterios para accesibilidad".

Los criterios tendrán que ver "con el riesgo individual y de contexto", dijo Malacalza, para lo cual se basarán en un "sistema de indicadores de vulneración de derechos".

Una de las definiciones de la ministra Gómez Alcorta en el prólogo del Plan fue que la política que guiará el trabajo "no será crear más hogares y refugios sino impulsar acciones para poder garantizar el acceso a la vivienda, a casas de medio camino, que les permitan desarrollar a estas personas un proyecto de vida autónomo y libre de violencias".

La consulta entonces fue qué pasará con los refugios.

"La no construcción de lugares nuevos será reemplazada por los Centros Territoriales Integrales de políticas de género y diversidad" respondió Malacalza.

Estos Centros fueron descriptos en el Plan como espacios destinados a la formación, realización de actividades de prevención y promoción de la igualdad y, en algunos casos, al alojamiento de personas en contextos de violencias por motivos de género y de sus hijas e hijos.

Kelly recordó que el Plan anterior, presentado durante la gestión de Mauricio Macri, "anunció 36 refugios" de los cuales "sólo tres están en distintas etapas de terminalidad".

Y Malacalza aportó que "no existía un registro nacional" de refugios, por lo que hicieron un relevamiento "a través de los encuentros federales" que realizaron en estos seis meses de gestión para recibir aportes para elaborar el Plan "para ver cómo abordaban las violencias".

Así, constataron que "hay 152 refugios en el país", a los que van a fortalecer", lugares que, además de alojar, deben hacerlo "dentro de un proyecto integral de autonomía".

"Una definición que escuchamos durante los encuentros es que quienes están en refugios sienten que su vida paraliza. Son refugiadas ante la ausencia de políticas integrales, están en un lugar de victimización. Es lo que debemos cambiar", afirmó.

Otra opción serán las unidades turísticas estatales de Embalse Río Tercero, en Calamuchita (Córdoba) y Chapadmalal, en el partido bonaerense de General Pueyrredón, que "fueron ofrecidas por el Ministerio de Turismo", confirmó Kelly.

El Plan contiene 27 medidas y 144 acciones e involucra a 46 organismos nacionales en más de 100 compromisos de responsabilidad para concretar las acciones enunciadas.

Pensado para ejecutarse entre este año y 2022, el presupuesto previsto es de 18.000 millones de pesos.

Ante la pregunta de si el presupuesto es suficiente, Kelly consideró que "es acorde y 24 veces mayor al anterior". (Télam)