sociedad

La justicia investiga a un consorcio de Caballito acusado de prohibir acceso a médicos de PAMI

Por Agencia Télam

05-05-2020 05:00

El fiscal federal Ramiro González impulsó hoy una investigación para determinar si los responsables de la administración del consorcio de propietarios de un edificio del barrio porteño de Caballito cometieron delitos de la acción pública al prohibir el ingreso de médicos del PAMI que tienen consultorios allí.

“El objeto procesal de la presente causa estará orientado a determinar si los copropietarios del edificio ubicado en la avenida Rivadavia 4702 de esta Ciudad, los responsables de la administración del consorcio del mencionado inmueble y/o cualquier otra persona prohibieron el ingreso de médicos del PAMI al referido inmueble, en el cual tendrían consultorios más de veinte profesionales, y en su caso, conocer el modo en que se adoptó tal medida, período temporal y sus efectos”, sostuvo el fiscal en el dictamen al que accedió Télam.

El fiscal González dispuso una serie de medidas de prueba entre las cuales le solicita al PAMI que informe “los datos filiatorios de todos los prestadores activos" de esa obra social "cuyos consultorios se encuentren registrados en el domicilio sito en Av. Rivadavia 4702 de esta ciudad, debiéndose indicar su especialidad”.

También solicitó que la obra social de los jubilados “informe si durante la declaración de la pandemia de Covid-19, alguna normativa nacional y/o de la Ciudad de Buenos Aires ha dispuesto que la atención médica brindada por los prestadores registrados en dicha obra social debía cesar y/o funcionar de forma limitada, y en su caso, indique la normativa”.

La denuncia que dio origen a este expediente fue presentada por el fiscal a cargo de la unidad que trata temas relacionados con PAMI, Javier Arzubi Calvo, a partir de un artículo periodístico publicado el 2 de mayo por el diario Página/12, en el que se reveló que los responsables de la administración del consorcio de copropietarios situado en la avenida Rivadavia 4702 instruyeron al personal de seguridad del edificio para que prohibiera el ingreso de médicas y médicos al inmueble en el que tienen consultorio más de veinte profesionales.

El artículo periodístico daba cuenta de que el mismo consorcio “resolvió permitir solamente que continúen entrando odontólogos y sus correspondientes ayudantes, y pacientes que deban hacer tratamientos de urgencia”, y citaba el testimonio del infectólogo Rubén Solari, jefe de sala del Hospital Muñiz que además es médico de cabecera afiliados de PAMI.

“No habían comunicado nada, nos enteramos por la seguridad del edifico que impedía la entrada. Le pasó a colegas que no pudieron pasar (Â…) Yo soy jefe de una sala de Covid-19 en el Hospital Muñiz, tengo todos los conocimientos de cómo se tiene que actuar en protección personal y al personal para esto”, señaló Solari en el artículo citado.

La denuncia fue presentada ante el juzgado federal de turno, el número 2, a cargo del juez Sebastián Ramos, quien delegó la investigación en el fiscal federal Ramiro González, según constató Télam en fuentes judiciales.

El fiscal que formuló la denuncia, Arzubi Calvo, sostuvo que las conductas reprochadas podrían encuadrar en el delito de amenazas coactivas contenida en el artículo 149 bis, que refiere a quien “hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad”, figura que a su vez se ve agravada cuando “las amenazas tuvieren como propósito el de compeler a una persona a hacer abandono del país, de una provincia o de los lugares de su residencia habitual o de trabajo". (Télam)