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En cinco años 77 personas murieron a manos de fuerzas de seguridad en Santa Fe, según la Justicia

Por Agencia Télam

30-12-2019 03:00

Setenta y siete personas murieron a manos de efectivos de fuerzas de seguridad nacionales o provinciales en Santa Fe entre 2014 y 2018, de acuerdo con un informe realizado por la Justicia de esa provincia sobre muertes intencionales ocurridas en ese territorio.

El trabajo "Fuerzas de seguridad y usos de la violencia letal", confeccionado por la Dirección de Política Criminal de la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación (MPA), mide las muertes intencionales ocurridas principalmente en intervenciones policiales, resistencias a la autoridad, venganzas, peleas, violencia de género y conflictos intrafamiliares que involucren a efectivos de seguridad.

"Del total de 77 personas fallecidas, en 2014 fueron 16 y el pico se registró en 2015 con un total de 26 víctimas. A partir de ese máximo, la cantidad fue disminuyendo año tras año: 16 en 2016; 14 en 2017 y cinco en 2018", señala el trabajo realizado por las investigadoras Camila Castoldi y Agustina Leorza, y coordinado por Augusto Montero.

De acuerdo al informe, 34 de las 77 víctimas se registraron durante una intervención policial y otras 18 en presuntos enfrentamientos en el marco de un delito. De las 25 muertes restantes, 9 fueron en episodios de violencia de género, 5 en una discusión o pelea, 3 en un ajuste de cuenta o venganza, 1 en un robo, 1 en un conflicto intrafamiliar y las 6 que quedan tienen un origen desconocido.

El MPA explica que "la característica común de los hechos estudiados es que las víctimas murieron como consecuencia del ejercicio intencional de la violencia por parte de un miembro de una fuerza de seguridad", y el estudio "incluye a miembros de fuerzas provinciales y nacionales, y también contempla si estaban prestando servicio al momento del hecho o no".

Respecto al desglose por fuerza de seguridad, el informe precisa que "66 de las muertes fueron cometidas por miembros de la Policía de Santa Fe; siete por integrantes del Servicio Penitenciario; dos por la Policía Federal Argentina y dos por Prefectura Naval Argentina".

De allí que, en promedio, "en más de ocho de cada 10 casos participaron funcionarios de la Policía de Santa Fe".

Los investigadores también advirtieron que "en relación a las siete víctimas generadas por miembros del Servicio Penitenciario provincial, cinco de ellas se produjeron en el mismo hecho cometido el 29 de diciembre de 2017 en la zona suroeste de la ciudad de Santa Fe".

"El informe pretende avanzar en la descripción de las circunstancias específicas en las cuales los miembros de las fuerzas de seguridad hicieron uso de la violencia", indica el texto, y añade que "el 53 por ciento de los homicidios fueron producidos en eventos en los cuales los funcionarios no intervinieron luego de un llamado o para evitar un delito flagrante que pudieran haber presenciado".

En cuanto a las víctimas, el trabajo puntualiza que "en los cinco años estudiados, el 87 por ciento fueron varones y el 13 por ciento mujeres".

"En cuanto a la edad de las víctimas, se observa que la violencia ejercida por miembros de fuerzas de seguridad afecta a una población, en principio, más joven que la de los homicidios en general", añade.

En ese sentido, los investigadores detallaron que "33,8 por ciento tenían entre 20 y 24 años; 19,5 por ciento entre 15 y 19 años; y 18,2 por ciento entre 25 y 29 años. En definitiva, más de la mitad de las víctimas (54,5 por ciento) eran menores de 25 años y casi tres de cada cuatro (72,7 por ciento) no habían llegado a cumplir 30 años".

El trabajo incluye un apartado que ahonda en la actuación de los fiscales y en ese sentido señala que "para investigar las 77 muertes se iniciaron 71 legajos en las distintas fiscalías en toda la provincia".

"En siete de cada diez de esas investigaciones existía (a septiembre de este año) al menos un autor formalmente individualizado", remarca el informe, que aclara que ese indicador está conformado por aquellos legajos en los que se tomó al menos una audiencia imputativa, los que no la tuvieron y los casos que fueron remitidos a la Justicia Federal.

El trabajo concluye que de las 71 investigaciones llevadas a cabo en esos cinco años 31 finalizaron y que "en su mayoría fueron condenas por procedimientos abreviados o bien archivos".

La identificación inicial de los casos que forman parte del trabajo surgió "de una búsqueda triangulada entre el MPA y los ministerios de Salud y de Seguridad", aunque una vez detectadas las causas "los datos se obtuvieron exclusivamente de los legajos fiscales". (Télam)