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A juicio por el homicidio del jubilado que hurtó un aceite, un queso y chocolates de un supermercado

Por Agencia Télam

19-12-2019 02:45

Una fiscal pidió que un empleado de un supermercado de San Telmo vaya a juicio oral acusado del “homicidio preterintencional” de un jubilado de 68 años que en agosto murió luego de ser retenido y golpeado cuando intentó hurtar un aceite de oliva, un queso cremoso y dos chocolatines, informaron hoy fuentes judiciales.

El requerimiento de elevación a juicio fue presentado por la fiscal de la causa, Marcela Sánchez, ante el juez en lo Criminal y Correccional 33, Darío Bonanno, y tiene como único imputado del homicidio del jubilado Vicente Luis Ferrer (68) a Ramón Cerafín Chávez (31), quien al momento del hecho era empleado del hipermercado Coto de San Telmo donde ocurrió el hecho.

Según las fuentes, Sánchez pidió que Chávez sea juzgado por el delito de “homicidio preterintencional”, que impone una pena de reclusión de tres a seis años o prisión de uno a tres, “al que, con el propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud, produjere la muerte de alguna persona, cuando el medio empleado no debía razonablemente ocasionar la muerte”, según establece el artículo 81 del Código Penal.

Chávez llegará al juicio en libertad, ya que si bien estuvo unos días detenido, al ser procesado en agosto pasado con esta calificación, el juez Bonanno dispuso que sea sin prisión preventiva.

Si bien la fiscal Sánchez había apelado en su momento para intentar agravar la imputación a un homicidio simple con dolo eventual, la Cámara del Crimen rechazó el planteo y confirmó la calificación del homicidio preterintencional.

La causa tuvo al inicio un segundo detenido, el vigilador Gabriel Alejandro de la Rosa (28), pero al momento de resolver su situación procesal, el juez Bonanno lo liberó, sobreseyó y desvinculó del hecho al entender que la muerte de Ferrer fue consecuencia sólo del accionar de Chávez.

Según lo acreditado en la causa -a la que accedió Télam-, el hecho ocurrió a las 18.45 del 16 de agosto de 2019, en el supermercado Coto de avenida Brasil 575, entre Perú y Bolívar, donde Ferrer se retiró del comercio con una botella de vidrio de aceite de oliva extra virgen de 500 mililitros, dos chocolates de 170 gramos cada uno y un queso cremoso de medio kilo, sin abonar los productos en la caja.

El vigilador De la Rosa advirtió que el jubilado salía con algunos productos escondidos en sus ropas, comenzó a seguirlo y lo retuvo en la cuadra, a la altura de avenida Brasil 517.

Allí se le sumó Chávez, quien pese a la resistencia del jubilado, lo retuvo mientras De la Rosa se apartó para ir a buscar a la policía.

Según consta en la descripción del hecho formulada por la Justicia, Ferrer arrojó la botella de aceite al piso y Chávez volvió a forcejear con él, lo tiró al piso, se le tiró encima presionándole el pecho contra el piso.

Siempre según la acusación, luego, Chávez le colocó al jubilado una rodilla en la espalda para inmovilizarlo y le aplicó algunos golpes de puño, pese a que Ferrer le decía que no podía respirar.

El empleado del supermercado colocó al jubilado parado, de espaldas a la pared, hasta entregarlo a la policía, momento en el que hombre se descompensó, se desvaneció y pese a las maniobras de reanimación, se constató que había muerto cuando llegó en una ambulancia al hospital Argerich.

La autopsia determinó que Ferre murió como consecuencia de un “traumatismo de cráneo con hemorragia cerebral”.

Al dictar su procesamiento, el juez Bonanno había afirmado que la conclusión de la autopsia “confrontada con los registros fílmicos colectados y el relato de los testigos que lo complementan, permite afirmar que la causa del fallecimiento de Ferrer fue consecuencia de las maniobras de retención desarrolladas individualmente por Ramón Cerafín Chávez”.

Al analizar la figura penal del homicidio preterintencional, el juez afirmó en su resolución que “conforme se ha logrado reconstruir, Chávez, en el afán de asegurar la detención de Ferrer por los elementos que previamente había sustraído, ejerció sobre él un despliegue de violencia que causó de manera mediata su fallecimiento”.

“Evidentemente, su accionar fue desproporcionado, considerando que la víctima era una persona de 68 años de edad y se encontraba en inferioridad física de acuerdo a su contextura, pero el medio que empleó para retenerlo razonablemente no debía causar el resultado final”, añadió. (Télam)