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Secretaría de DD.HH fue aceptada como querellante en la causa del ingenio La Fronterita

Por Agencia Télam

06-11-2020 05:45

La justicia federal de Tucumán aceptó que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación querelle en la causa que se lleva adelante en esa provincia por los delitos de lesa humanidad cometidos en el Ingenio La Fronterita.

De esta forma, el organismo "busca que se continúe y profundice la investigación en curso sobre las violaciones a los derechos humanos que se cometieron contra 68 personas, 11 de las cuales permanecen desaparecidas", se precisó en un comunicado oficial.

El Ingenio La Fronterita está ubicado en el departamento de Famaillá, y según el requerimiento de instrucción formulado por el Ministerio Público Fiscal, en el interior del predio de este establecimiento, el Ejército instaló una base militar que funcionó como centro clandestino de detención (CCD) y tortura al menos hasta 1978.

Esa base militar estaba ubicada a pocos metros de la fábrica y de la casa del entonces administrador Jorge Alberto Figueroa Minetti.

Mediante diferentes documentos, "se comprobó que la empresa cedió diferentes espacios físicos a las Fuerzas Armadas que también fueron utilizados como centros clandestinos de detención".

En el informe "Nunca Más elaborado por la Conadep en 1984, se denunció que "a 300 metros de La Fronterita, sobre un camino adyacente al ingenio, se hallaba una construcción denominada “Los Conventillos”, unas viviendas que habían sido utilizadas por trabajadores temporarios de ese establecimiento y que fueron utilizadas como centro clandestino".

La existencia de este CCD quedó probada también en el informe elaborado por la Comisión Bicameral Provincial, que entre fines de 1984 y 1985, recibió denuncias de familiares y luego las presentó ante el Poder Judicial, se indicó desde la Secretaría de Derechos Humanos.

En ese sentido, se subrayó que "muchos sobrevivientes también mencionaron como lugares ilegales de detención dentro del predio del ingenio al “Comando de Laguna”, donde se alojaba la oficialidad, y el “Tambo”, en el que permanecían las tropas".

"Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, en esos CCD trabajadores azucareros y pobladores de las colonias de propiedad del ingenio fueron privados de su libertad, torturados y víctimas de desaparición forzada", se informó en el documento de la Secretaría.

El Juzgado Federal N° 1 de Tucumán resolvió, el pasado 13 de mayo, dictar la falta de mérito a Jorge Alberto Figueroa Minetti, Alfredo José Martínez Minetti, Eduardo Buttori, y Fernando Cornú de Olmos, integrantes del consejo directivo de La Fronterita durante la última dictadura cívico militar.

La justicia consideró que "los ex directivos habían sido víctimas del accionar de las fuerzas represivas del mismo modo que los obreros, militantes y sindicalistas; y le recomendó al Ministerio Público Fiscal que profundice la investigación", pero no sobre la responsabilidad de los imputados sino sobre el personal militar que operó la base militar.

Una resolución judicial que la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán confirmó el pasado 7 de julio, y ante esta decisión, el Ministerio Público Fiscal y organismos de derechos humanos de Tucumán presentaron un recurso para que la Cámara Federal de Casación Penal revise esa decisión.

Argumentaron que la falta de mérito favorece la impunidad de los imputados, porque además no se indicó a la acusación qué tipos de evidencias deberían producirse para lograr un procesamiento, y alegaron también que la resolución "contenía un análisis fragmentario y sesgado de la prueba".

Desde la Secretaría se aseguró que durante los años del terrorismo de Estado, los empresarios aportaron vehículos al personal militar para el desarrollo de las tareas de represión clandestina".

Además, "Recolectaron y entregaron al Ejército información sobre obreros y empleados a los fines de la inteligencia militar, y luego, con el retorno de la democracia "no emprendieron ningún tipo de acción de denuncia, ni facilitaron información sobre lo ocurrido a trabajadores y trabajadoras bajo su responsabilidad".

“El objeto es que se investigue y se compruebe judicialmente la comisión de ilícitos contemplados en nuestro sistema constitucional y ley penal de fondo, constitutivos a la vez de hechos violatorios de los derechos humanos que configuran delitos de lesa humanidad", se subrayó en un documento de prensa difundido por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. (Télam)