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Procesaron a un empresario salteño y a dos expolicías por detener y torturar a un gremialista

Por Agencia Télam

20-11-2020 03:30

El Juzgado Federal 2 de Salta procesó el empresario Marcos Levín, que era el propietario de la empresa de transporte La Veloz del Norte y a dos expolicías, por la privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados cometidos en perjuicio de un gremialista, en 1977.

Fuentes del Ministerio Público informaron que junto a Levín fueron procesados el excomisario inspector Víctor Hugo Almirón y el exoficial subayudante Hugo Faustino Aillón, que revistaban en la policía de Salta, por crímenes de lesa humanidad, cometidos durante la última dictadura cívico militar.

En la causa interviene el fiscal del Área de Transición, Carlos Amad.

Los procesamientos de Levín, Almirón y Aillón fueron por los delitos de "privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos agravados" en perjuicio de un sindicalista y su hijo.

A Almirón, quien era jefe de la comisaría cuarta, donde funcionó un centro clandestino, se le aplicó la figura de autor mediato; mientras que Levín y Aillón fueron procesados en calidad de partícipes secundarios.

En su resolución, la jueza Mariela Alejandra Giménez ordenó un embargo para los tres procesados hasta cubrir la suma de 500 mil pesos.

Levín, quien al momento de los hechos era propietario mayoritario de La Veloz del Norte, la empresa que en ese momento tenía el dominio del transporte de larga distancia en el NOA, fue condenado, en 2016, a 12 años de prisión y está imputado en otra causa, por delitos cometidos contra integrantes de su firma.

El caso se inició con la denuncia radicada el 17 de abril de 2017, en la Fiscalía Federal 2 de Salta, por el hijo del gremialista, quien manifestó que el 21 de agosto de 1977 su padre fue detenido de manera ilegal en el cruce de las calles Hipólito Irigoyen e Independencia, en la zona este de la ciudad de Salta.

El denunciante sostuvo que estaba acompañado de un amigo cuando de pronto fueron abordados por policías uniformados, quienes los detuvieron y los trasladaron a los talleres de la empresa La Veloz del Norte, ubicados en las inmediaciones.

Allí, y sin decirle las causas de sus detenciones, su padre fue golpeado y torturado por varios policías, y agregó que luego de la golpiza los trasladaron a la comisaría cuarta.

El denunciante aportó otros detalles del caso, y expuso que el 22 de agosto, al día siguiente de que su padre fuera liberado, él fue arrestado por 20 policías que se presentaron en la carpa "La Salteña", que lo llevaron detenido a la comisaría cuarta.

Con la participación del fiscal de Amad, durante el transcurso de la causa se reunieron pruebas y se realizaron distintas diligencias procesales, que llevaron a la jueza subrogante del Juzgado Federal 2 de Salta a dictar el procesamiento de Levín, Almirón y Aillón.

La jueza indicó que "se pudo establecer objetiva e indubitadamente la concreta y real existencia de la privación de la libertad corporal que sufrieran padre e hijo", y resaltó que "las personas que declararon en el marco de esta causa, son contestes con la exposición de los hechos que efectuara el denunciante y corroboran su versión de lo sucedido".

Asimismo, la jueza manifestó que Almirón, quien era jefe de la comisaría cuarta, "debe responder por haber dispuesto y ordenado la privación ilegítima de la libertad de las víctimas y la aplicación de tormentos sufridos".

El fallo sostiene que Levín era "el dueño y responsable de lo que sucedía en las instalaciones de su empresa, donde se llevó detenido a una de las víctimas y donde se le aplicaron tormentos, lo que no habría podido cometerse sin expreso conocimiento o autorización del dueño".

La afirmación, según surge del fallo, tiene como base diferentes declaraciones testimoniales que indicaron que el empresario operaba en complicidad con la policía en torturas a personas detenidas, que eran cometidas en sus instalaciones.

Tras valorar la prueba reseñada, la jueza señaló que la carga probatoria "nos permite anticipar que Marcos Jacobo Levin aportó las instalaciones de su empresa para la perpetración de los hechos delictivos aquí investigados".

Por último, Giménez estableció que, en términos generales, "los testimonios brindados por las víctimas en este proceso resultan verosímiles y atendibles, gozando de valor probatorio suficiente en atención a su esencial y razonable precisión, objetividad, coherencia y a su relación más o menos conteste con los dichos de otros testigos", por lo que resolvió los tres procesamientos. (Télam)