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Pese a la pandemia, La Pampa aprobó el cupo trans, ayuda económica a mujeres y un refugio

Por Agencia Télam

27-09-2020 12:30

La pandemia de coronavirus no fue obstáculo para que la provincia de La Pampa avanzara en los últimos seis meses en la concreción de políticas públicas de género, que no solo surgieron del Ejecutivo pampeano sino también de la Legislatura provincial, que tiene un rol preponderante a la hora de aprobar y presentar iniciativas en la materia.

La iniciativa más reciente es la que anunciaron Gobierno nacional y provincial: la firma en los próximos días de un convenio para implementar en ese distrito un programa de asistencia económica para mujeres víctima de violencia de género, con un salario mínimo, vital y móvil fijado en 16.875 pesos y el objetivo de construir un refugio en la capital pampeana, destinado a contener a las madres, niños y niñas en situación de violencia de género.

La secretaria de la Mujer, Liliana Robledo confirmó a Télam que el convenio incluye recursos para que en Santa Rosa, la capital pampeana, se construya un refugio destinado a mujeres y sus hijos o hijas en situación de violencia, que tendrá la particularidad de ser un centro de atención de las políticas de género, en un trabajo tripartito entre la Nación, la provincia y el municipio.

Por otra parte, durante el aislamiento impuesto por la pandemia, el incremento de causas por violencia de género aumentó al tiempo que se registraron más denuncias y femicidios en todo el país y La Pampa no fue la excepción: casi el 40 por ciento de las condenas durante la pandemia fueron por causas por violencia de género y doméstica, desde amenazas o lesiones, hasta abusos o incumplimiento de restricciones, entre otras.

Ese porcentaje se incrementa hasta casi el 50 por ciento, si se tiene en cuenta las condenas por abuso sexual, según detalló el relevamiento efectuado por la Secretaría Técnica, dependiente del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa.

Además, la justicia informó que entre las condenas por violencia de género y abusos sexuales, ambos ítems alcanzaron en estos primeros ochos meses del año el 51,6 por ciento de los fallos condenatorios.

Este trabajo estadístico que llevó adelante la Secretaría y fue proporcionado a la prensa local, tuvo en cuenta las condenas en el fuero penal y detrás de los casos de violencia contra las mujeres y violencia familiar que alcanza al 38,6, se ubican los robos y hurtos, con el 30,2 por ciento y luego los abusos sexuales con el 13 por ciento.

Otro de los derechos conquistados durante la pandemia fue la Ley de Paridad de Género aprobada por unanimidad el 10 de septiembre por la Cámara de Diputados de La Pampa, en base a un proyecto presentado y elaborado por las 11 diputadas de ese cuerpo legislativo y la titular de la Secretaría de la Mujer que establece un 50 por ciento de participación de mujeres y un 50 por ciento de varones en las listas de cargos electivos tanto provinciales como municipales.

Al respecto, en una jornada en la que nadie se privó de calificar como "histórica", Robledo declaraba a Télam que esta ley "marca un antes y un después en la visibilización de las mujeres en la política", convencida que "la mejor implementación de las políticas públicas, consiste en conjugar ideas comunes para construir una sociedad inclusiva e igualitaria".

En coincidencia con el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, promulgó la Ley de Paridad de Género, luego de haber anunciado su decisión de ampliar derechos en el área de la Secretaría de la Mujer incorporando la denominación de "Diversidad" para sumar a integrantes del colectivo Trans.

Esa iniciativa no fue la última: la Legislatura pampeana volvió a tener presencia activa en la generación de políticas públicas para el abordaje de una problemática social y cultural tan compleja y concreta como la violencia de genero, con una iniciativa del diputado radical Marcos Cuelle que luego hizo propia su bloque y que propone la creación de un registro único de personas violentas, con condena firme.

El registro incluye a aquellas personas que fueran condenadas por sentencia firme por violencia de género e incumplimiento de las medidas preventivas urgentes, restrictivas o cautelares, o los tratamientos terapéuticos determinados por orden judicial.

Y la iniciativa va por mas, porque también establece que aquellas personas condenadas con sentencia firme, por cuestiones de género o por violencia familiar, no puedan ser candidata a cargos electivos provinciales o municipales, ni ser designadas como funcionarios públicos, ni ser contratistas del Estado o integrante de los órganos autárquicos o empresas del mismo y tampoco podrán recibir acuerdo las personas postulantes a magistrados o funcionarios del Poder Judicial.

En La Pampa, la justicia local garantizó la capacitación de todo el personal en la Ley Micaela y desde la Oficina de la Mujer y de Violencia Doméstica, creada precisamente para un abordaje especializado en la temática, se produjo por primera vez un video con lenguaje de señas en el Día Nacional de las Personas Sordas e Hipoacúsicas para explicar cómo denunciar situaciones de violencia.

Por último, la Dirección de Políticas de Género y Diversidad de la Municipalidad de Santa Rosa anunció que para dar cumplimiento a la ordenanza que otorga una oportunidad laboral para personas travestis, transexuales y transgénero, recibió currículums de quienes estuvieran interesadas en acceder a esta posibilidad laboral.

"Vemos con satisfacción esta decisión política, más aún en el marco de la pandemia en la que obviamente se visibilizó el grado de extrema vulnerabilidad que tenemos, no solo en La Pampa sino en todo el país y es por eso que venimos reclamando desde hace muchos años igualdad e inclusión desde todos los rincones", dijo a Télam Ángeles Zúñiga, quien se define como "binaria y militante social", es estudiante de Derecho en la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) y referente del Colectivo LGBT. (Télam)