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La Corte Suprema rechazó tramitar juicio del gobierno porteño contra YPF por cobro de impuestos

Por Agencia Télam

07-01-2020 11:45

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó tramitar en forma directa una demanda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos (GCBA) contra le empresa YPF por el cobro de impuestos y tasas por servicios locales.

Fuentes judiciales recordaron que el GCBA promovió el año pasado un juicio de apremio contra la petrolera por la suma de 430.436 pesos, más intereses, como deuda en concepto de impuesto inmobiliario y tasa retributiva de los servicios de alumbrado, barrido y limpieza.

Se trata de una supuesta deuda correspondiente a los períodos 1 a 10 de 2017, relacionados con el inmueble de la calle Macacha Güemes 5, en el barrio Puerto Madero.

Tras ordenar la intimación de pago más un 30 por ciento estimado para atender a intereses y costas, una magistrada de la justicia en lo contencioso administrativo de la Ciudad se declaró incompetente, y para que prosiga el trámite remitió el expediente a la secretaría de Juicios Originales de la Corte.

En su último acuerdo habitual de 2019 y con las firmas de los jueces Juan Carlos Maqueda, Horacio Lorenzetti y Horacio Rosatti, el máximo tribunal declaró que “la presente causa es ajena a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

En su dictamen previo, la procuradora fiscal había señalado que para que se justifique la competencia originaria de la Corte en casos donde una provincia (la Ciudad de Buenos Aires está asimilada a esa categoría) se debe tratar de un pleito con “manifiesto contenido federal o de naturaleza civil”.

Monti opinó que ese supuesto no se presenta “cuando en el proceso se debatan cuestiones de índole local” o “la aplicación de normas de esa naturaleza, la revisión de actos administrativos, legislativos o jurisdiccionales” de sus autoridades.

La fiscal remarcó que en este caso se trata de “un juicio de apremio contra YPF S.A. a fin de obtener el pago de importes adeudados en concepto de tributos locales, sobre la base de un título ejecutivo –certificado de deuda- expedido con apoyo en normas de la misma índole”. (Télam)