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La Corte Suprema rechazó el pedido de extradición de un ciudadano húngaro

Por Agencia Télam

26-06-2020 12:15

La Corte Suprema de la Nación rechazó por incompleto un pedido de extradición de un ciudadano húngaro requerido por ese país para juzgarlo por supuestas maniobras de defraudación contra bancos por un monto aproximado de 68 millones de dólares.

En primera instancia, luego de varios años de trámite administrativo y judicial, se había concedido la extradición de Attila Gabor Balgoczki, de 46 años, solicitada por la República de Hungría para someterlo a proceso junto a otros imputados de defraudación a bancos de ahorro.

Sin embargo, ante la apelación de la Defensoría General de la Nación, la Corte, por unanimidad, revocó el fallo que concedía la extradición, al considerar que el requerimiento de la justicia de Hungría no reunía los requisitos legales para su otorgamiento.

La Corte recordó que, si no hay convenios de reciprocidad -como ocurre entre Argentina y Hungría-, rige la Ley 24.767, de Cooperación Internacional en Materia Penal, que prevé que “la extradición no será concedida si la acción penal o la pena se hubiesen extinguido” según las normas del estado requirente.

“A tal efecto -afirmó el máximo tribunal de la Nación- la solicitud de extradición de un imputado debe contener referencias específicas ‘acerca de la fechaÂ’ en que se cometió el hecho delictivo, una ‘explicación" sobre las razones por las cuales la acción penal no se encuentra extinguida y el texto de las normas penales y procesales aplicables al caso".

Agregó que “una compulsa de lo actuado refleja que ese país (Hungría) no incluyó el texto de las normas penales y procesales aplicables” vinculadas con la extinción de la acción, ya que los antecedentes que acompañó solo consignan que la punibilidad de los hechos ilícitos que le atribuyen a Balgoczki “prescribe el 26 de enero de 2021”.

El pedido de extradición había citado algunos artículos del Código Penal del país requirente, pero para la Corte “ello no suple la carga de acompañar el texto de las normas penales y procesales aplicables" como, a falta de tratados entre las partes, lo impone la Ley 24.767. (Télam)