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Juez rechaza pedido de llevar la causa de espionaje a Comodoro Py y solo investigará atentado a Vila

Por Agencia Télam

08-07-2020 02:30

El juez federal Sebastián Ramos reclamó hoy que le sea enviada la parte de la causa por supuesto espionaje ilegal en la que se hace referencia al intento de atentado contra el exfuncionario del Ministerio de Defensa José Luis Vila y rechazó un pedido de la fiscalía que solicitaba llevar a Comodoro Py toda el expediente que tramita en los juzgados de Lomas de Zamora.

Fuentes judiciales informaron que el magistrado solicitó que, “con la urgencia que el caso amerita, se proceda a enviar en formato digital todas las constancias y/o pruebas” que se encuentren “relacionadas con el objeto procesal de la presente, relativo a la intimidación que sufriera Juan José Vila en el domicilio sito en Av. Callao 1219” de la Ciudad de Buenos Aires.

En la puerta del edificio que fuera una antigua residencia familiar de Vila se encontró, en julio de 2018, “una caja conteniendo un teléfono celular, cables y trotyl confeccionado a modo de artefacto explosivo, junto con una nota”, según recordó el juez Ramos en el fallo al que accedió Télam.

Si bien el fiscal Guillermo Marijuan le había solicitado al juez que reclamara que los magistrados de Lomas de Zamora se inhibieran de seguir interviniendo en la causa por espionaje ilegal, Ramos entendió que “las hipótesis delictivas que conforman los objetos de análisis de ambas causas constituyen dos hechos escindibles”, por lo que no hizo lugar a ese pedido.

La causa que tramita en Lomas de Zamora, ahora en manos del juez Juan Pablo Auge, se inició tras la declaración del narcotraficante Sergio Cristina “Verdura” Rodríguez –que era buscado en una causa por narcotráfico- quien se entregó a la justicia, se autoincriminó y declaró haber participado a pedido de un abogado de la AFI, Facundo Melo, en la colocación de un explosivo en la casa de Vila.

Esa declaración disparó una serie de medidas en la causa cuando todavía estaba en manos del juez Federico Villena, que permitieron la detección de indicios que daban cuenta de la existencia de una supuesta organización delictiva que habría operado desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para espiar de manera ilegal a dirigentes políticos, sociales, gremiales y religiosos y a periodistas durante el gobierno de Mauricio Macri. (Télam)