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Fiscal se opone a planteo contra apertura de procedimiento de salvataje

Por Agencia Télam

24-07-2020 06:15

La fiscal ante la Cámara Nacional en lo Comercial Gabriela Boquin se opuso a un recurso extraordinario presentado por Correo Argentino S.A. contra la apertura del procedimiento de “salvataje” de la empresa, informaron fuentes judiciales.

La decisión de iniciar el proceso de “cramdown”, previsto en la Ley de Concursos y Quiebras (LCQ), había sido confirmada en diciembre último por la Sala B de la Cámara en lo Comercial, pero las autoridades de la empresa plantearon la arbitrariedad de la resolución.

Pero para Boquín el recurso debe ser declarado “inadmisible” porque no hubo arbitrariedad ni se trata de una cuestión federal, sino que, a su criterio, se trata de un planteo efectuado para demorar el cumplimiento de una sentencia dictada hace una década.

"¿Cuántas veces pretende la deudora que se decida la apertura del registro del salvataje por no haberse reunido las conformidades?” de los acreedores, preguntó la fiscal en su escrito presentado vía digital ante el tribunal integrado por las camaristas Matilde Ballerini y María Gómez Alonso de Díaz.

“La resolución recurrida no es novedosa, por cuanto la apertura del procedimiento de salvataje ya había sido ordenada (por la Cámara) en la sentencia del 27 de octubre de 2004” y, debido a un trámite judicial “extenso” y “tergiversado”, la decisión del 19 de diciembre de 2019 “vino a confirmar” el fallo del 18 de marzo de 2010, precisó Boquin.

Meses antes de la decisión de diciembre de 2019, la Corte Suprema de Justicia rechazó un planteo del Estado Nacional que reclamaba más tiempo para analizar una propuesta de pago de Correo Argentino y mandó avanzar en la causa.

La fiscal destacó que Correo Argentino basó sus derechos argumentando haber conseguido las mayorías exigidas por la ley 24.522 (LCQ) para acceder a un concurso preventivo, pero para la representante del Ministerio Público las mismas “no eran genuinas” porque la empresa, alegando una “compensación”, desconoció la condición de acreedor del Estado Nacional.

Boquin recordó que “sobre un total de 708 acreedores sólo se acompañaron 375 conformidades y de éstas 360 fueron otorgadas por apoderados o cesionarios vinculados a estudios de abogados apoderados y/o miembros del directorio de Correo Argentino S.A”.

Agregó la empresa “no puede sostener con un mínimo de seriedad la existencia de gravamen y afectación a su derecho de propiedad, de igualdad y de debido proceso cuando lo resuelto no ha sido más que la consecuencia legal de la falta de obtención de las mayorías requeridas por el artículo 45 de la LCQ”.

La fiscal advirtió que “la interposición del recurso extraordinario viene a constituir un nuevo intento dilatorio de la concursada para seguir prolongando el trámite de los actuados, lo cual a esta altura ya no puede ser admitido”.

Durante 15 años el Correo Argentino “perpetró actos de gravedad ligados al vaciamiento de la empresa”, expuso Boquin en marzo último, cuando fue notificada de la resolución dictada tres meses antes por la Sala B de la Cámara para la apertura del procedimiento de cramdown.

Al evaluar entonces que el proceso había sido una “herramienta para defraudar a la ley y los derechos de los acreedores”, la fiscal pidió que se designara un interventor judicial y el desplazamiento del órgano de administración de la empresa.

Expuso entonces que durante el trámite judicial se había incrementado el pasivo y que “en esta nueva etapa procesal podrían producirse otros actos que continúen agravando la situación patrimonial de la concursada, disminuyendo su activo y perjudicando a los acreedores” si fracasa el “cramdown”.

Entre las supuestas irregularidades Boquin mencionó, además del “vaciamiento”, “la presentación de acuerdos fraudulentos para obtener la homologación del acuerdo preventivo”, “pago de cifras millonarias en concepto de honorarios” y “montos elevadísimos” como “anticipos al directorio”.

La fiscal, quien remitió a la justicia penal copia de aquel dictamen, remarcó que el concurso fue iniciado hace casi dos décadas (en setiembre de 1991) y que el régimen concursal “no puede ser utilizado en forma abusiva, para que el deudor se libere de sus obligaciones mediante el pago de sumas insignificantes, evitando las consecuencias de la declaración de quiebra en materia de inhabilitación”.

Para Boquin, si se permitieran esas conductas, “el sistema concursal se transformaría en un medio apto para socializar las pérdidas del empresario, lo que repugna a los principios de un sistema de economía de mercado que se basa en la asunción de riesgos”. (Télam)