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Desaprueban gestión de ABSA y detectan deuda por más de $1000 millones con proveedores

Por Agencia Télam

20-05-2020 03:45

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires desaprobó la gestión que realizó durante 2019 la empresa Aguas Bonaerenses (ABSA) tras detectar una serie de irregularidades y una deuda de más de mil millones de pesos con proveedores y contraristas.

En un comunicado, la cartera de Servicio Públicos informó que, como representante del Gobierno de la Provincia y tenedor mayoritario de las acciones de la empresa ABSA “se desaprobó mediante un acta formal, el ejercicio correspondiente al año 2019” tras realizar una auditoría por 90 días.

El Ministro de Infraestructura, Agustín Simone, explicó que “en este contexto, no sólo no podemos aprobar un ejercicio en este estado, sino que, además, lo analizaremos en profundidad porque no descartamos presentarnos como querellantes en la Justicia”.

El funcionario sostuvo que “los municipios del interior tienen colapsadas las redes de agua y de cloacas, y las plantas depuradoras no tienen capacidad de tratamiento".

"Todos los intendentes coinciden en que en los últimos cuatro años se deterioró mucho el servicio de ABSA y encima dejaron una deuda millonaria. La empresa se encuentra en una situación muy difícil, con falta de presupuesto y con una priorización de los gastos muy cuestionable”, enfatizó Simone.

El ministro detalló que de la auditoría surgió que el anterior presidente de Absa, Raffaele Sardella ejercía ese cargo “y mantenía su puesto jerárquico en el Grupo SOCMA (vinculado al ex Presidente Mauricio Macri)”.

“Se observa una incompatibilidad manifiesta en el desempeño de ambas tareas en simultáneo, al existir un evidente conflicto de intereses”, consignó la auditoría.

Precisó que “la deuda detectada se establece en más de mil millones de pesos con proveedores y contratistas”, aunque aclaró que “no se puede registrar aún una cifra definitiva debido a certificados que todavía terceros pueden presentar”.

El informe consignó también que “esta situación de virtual cesación de pagos obligó a instrumentar medidas urgentes para evitar poner en jaque el funcionamiento básico (compra de cloro, potabilizantes), debido al caos operativo imperante, a partir de un servicio con severas deficiencias en su infraestructura”.

Además, agregó que la gestión anterior concentró recursos económicos, especialmente, en tres obras: la Construcción de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales Primera Cuenca-Bahía Blanca; la Construcción de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales de General Rodríguez; y la Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Donato Gerardi de Punta Lara para lo que invirtió $3.656 millones + IVA.

Según la auditoría, ese dinero se obtuvo a través de un incremento tarifario autorizado por la ex gobernadora María Eugenia Vidal a principios de 2016, pese a que el decreto de creación de ABSA establece que “el resultante del cobro de la factura debe destinarse a la operación y al mantenimiento del servicio, mientras que el accionista mayoritario debe encargarse de los aportes para las obras de envergadura”.

También se detectaron irregularidades en el convenio firmado con la empresa VEOLIA para la “rehabilitación de las instalaciones” de la Planta Potabilizadora Donato Gerardi de Punta Lara y se desvinculó con justa causa a quien fuera el Director de Ingeniería, Producción, Obras y Mantenimiento de la gestión anterior, Alfredo Hatfield, por no contar con título profesional para ese cargo.

Además, según la cartera de Servicio Públicos se detectaron “exorbitantes gastos sin justificación, como un alquiler por 40 millones de pesos anuales del edificio central de la empresa”.

También se detectó “el alquiler de una oficina en Esmeralda y Paraguay (CABA) por $556.380, de uso exclusivo del ex presidente, más la compra de un mobiliario en el que aún no se pudo precisar la cifra” además de la adquisición de cinco camionetas de alta gama para el uso del directorio. (Télam)