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Casación anuló la absolución de un ex juez federal que actuó en la dictadura

Por Agencia Télam

03-07-2019 07:15

La Cámara de Casación Penal anuló hoy la absolución del ex juez federal Santiago David Olmedo de Arzuaga en el juicio por la Megacausa III, por crímenes de lesa humanidad cometidos antes y durante la última dictadura en Santiago del Estero, informaron fuentes judiciales.

Los jueces de la sala IV del máximo tribunal penal del país anularon la decisión del Tribunal Oral Federal de la provincia y le indicaron que condene al ex juez.

El fallo, firmado por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, se produjo en la causa que investigó la responsabilidad de ex policías, militares y autoridades judiciales en 38 crímenes.

En un fallo de 390 páginas, los camaristas confirmaron además las condenas a prisión perpetua de los ex militares Ramón Warfy Herrera y Jorge Alberto D 'Amico y la 22 años de cárcel a los jefes de la llamada "Gestapo santiagueña", Antonio Musa Azar y Miguel Tomás Garbi.

En relación al ex juez Olmedo de Arzuaga, los camaristas entendieron que es penalmente responsable de los delitos de omisión agravada de hacer cesar la detención ilegal, abuso de autoridad, y privación ilegítima de la libertad agravada en perjuicio de Gladys Estela Loys, Mercedes Cristina Torres, Sara Alicia Ponce y Miguel Ángel Cavallín.

También sostuvieron que tiene responsabilidad penal epor no haber hecho cesar los tormentos agravados en perjuicio de Mercedes Cristina Torres y de haber cometido el delito asociación ilícita en carácter de miembro.

"El fundamento utilizado por el tribunal para restarle responsabilidad al imputado -que, como juez subrogante actuó 'en el contexto normativo y las prácticas forenses inquisitivas propias de la época'- resulta ser meramente aparente, carente de lógica y que controvierte el derecho aplicable a la especie", sostuvieron los jueces al anular la absolución del ex magistrado.

EL TOF de Santiago del Estero había absuelto al ex magistrado en base a consideraciones sobre el Código de Procedimientos en Materia Criminal vigente al momento de los hechos, según informó el portal del Ministerio Público Fiscal.

Entre los querellantes del caso intervinieron la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo de la Nación, la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia y la agrupación de Familiares de Detenidos–Desaparecidos y Ex Presos Políticos de Santiago del Estero. (Télam)