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Oposición chilena inicia proceso de juicio político contra el ministro del Interior por represión

Por Agencia Télam

08-10-2020 04:30

Trece partidos políticos de la centroizquierda chilena presentaron hoy una acusación constitucional para abrir un juicio político contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, en la Cámara de Diputados por su responsabilidad en el conflicto que paralizó parte de las rutas del país el mes pasado y la reciente represión de Carabineros que terminó con un joven inconsciente en un río.

A poco más de dos semanas del plebiscito constitucional y en medio del creciente clima de tensión que éste provoca, la acusación de la oposición busca establecer la responsabilidad política del ministro por dos conflictos que sensibilizaron al país entero y, potencialmente, asestar un duro golpe al Gobierno de Sebastián Piñera.

La cámara baja deberá el próximo martes discutir si esta acusación constitucional tiene argumentos y, eventualmente, votar la apertura o no de un proceso de juicio político contra Pérez.

La oposición tiene la mayoría simple necesaria para aprobar la apertura del juicio político, pero en el pasado varios diputados del espectro político chile han expresado sus reservas a la hora de destituir miembros del Poder Ejecutivo por razones que consideraban no suficientes.

La sesión del próximo martes será especialmente tensa porque los diputados ya tienen planeado discutir otra acusación constitucional presentada por la oposición, esta vez contra el exministro de Salud Jaime Mañalich por el manejo de la pandemia durante su gestión.

El texto de más de 80 páginas presentado hoy necesitaba 10 firmas para poder ser ingresado en la Cámara de Diputados y obtuvo el apoyo de 13 legisladores: Gabriel Ascencio, Gabriel Boric, Jorge Brito, Carmen Hertz, Tomás Hirsch, Rodrigo González, Pamela Jiles, Jaime Naranjo, Luis Rocafull, Camila Rojas, René Saffirio, Alejandra Sepúlveda y Víctor Torres.

"No cabe duda de que los tres puntos de la acusación son sumamente justificados, pero esto se da en un marco de un cuerpo de Carabineros que durante meses y durante todo este período no ha sido capaz de defender el orden público, impedir la violencia, ni hacer respetar los derechos humanos", denunció uno de los firmantes, el diputado del Partido por la Democracia, Rodrigo González.

Por su parte, otra de las firmantes, la diputada y exlíder estudiantil Camila Rojas, de la fuerza Comunes, resaltó la "unidad de la oposición" en contra de lo que consideran "la impunidad" que se vive en el país en materia de seguridad.

Horas antes, el ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Monckeberg, se mostró optimista de que el oficialismo logrará frenar el juicio político contra su compañero de gabinete, aunque dejó claro que aún no tienen los votos: "Siempre está la esperanza que no esté la mayoría para avanzar en esa acusación y ese es el trabajo que hay que empezar a hacer una vez que se presente".

Monckeberg rechazó la medida en una entrevista radial y adelantó que van a trabajar para "persuadir" y "convencer" a los parlamentarios.

La oposición en Chile, que tiene mayoría en el Parlamento, ya había amenazado antes con presentar una acusación constitucional -como se conoce al pedido de juicio político en Chile- contra el ministro Pérez. Sin embargo, fue la represión de las manifestaciones opositoras del viernes pasado en Santiago lo que terminó de decidirlos.

En medio de la represión de la protesta, un agente de Carabineros empujó deliberadamente a un manifestante de 16 años al lecho de un río. El joven -cuya identidad no fue revelada porque es menor de edad- se cayó, quedó inconsciente varios minutos, fue socorrido por otras personas que protestaban y terminó internado con varios traumatismos.

El carabinero que lo agredió, Sebastián Zamora Soto, está acusado de "homicidio frustrado" -como se llama en Chile a la figura legal de intento de homicidio- y se le dictó prisión preventiva hasta que termine la investigación.

Carabineros, sin embargo, ya inició un proceso de expulsión administrativa porque el agente debía haber portado una cámara de video de la institución al momento de estar operativo para dejar registradas todas sus acciones.

Además, al ministro del Interior se le acusa de tener responsabilidad política por el bloqueo parcial de las rutas que sufrió el país el mes pasado, durante toda una semana, durante un paro de camioneros.

Chile vive desde el 18 de octubre pasado una severa crisis social, con masivas manifestaciones que pusieron en jaque este segundo Gobierno del presidente Piñera e instalaron en la agenda política inmediata cambios estructurales, entre ellos, la posibilidad de una nueva Constitución.

Las manifestaciones contra el Gobierno y a favor de una nueva Constitución se detuvieron durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus, pero en las últimas seis semanas comenzaron nuevamente, cuando restan menos de tres semanas para el plebiscito. (Télam)