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Maduro aplica una polémica legislación para aliviar sanciones económicas de EEUU a Venezuela

Por Agencia Télam

19-11-2020 03:30

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, decidió aplicar una polémica legislación que permite inversiones bajo anonimato, especialmente petroleras, en otro intento por contrarrestar las numerosas y permanentes sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, que incluyen un embargo petrolero desde abril de 2019.

Especialistas consideran que la llamada Ley Antibloqueo, presentada por el propio mandatario y aprobada el 8 de octubre pasado por la chavista Asamblea Constituyente, supone el preámbulo de procesos de privatización sin contraloría aparentemente susceptibles de generar actos de corrupción.

"La Ley Antibloqueo lo permite todo, ¡hagámoslo!", expresó hace días Maduro, agregando inversiones privadas en el campo energético para neutralizar la batería de sanciones de Estados Unidos.

Con esta norma, que le otorga poderes extraordinarios, Maduro podría aprobar "privatizaciones" o esquemas de apertura preservando "el anonimato de aquellas personas o empresas" que negocien con su Gobierno en desafío a las restricciones de la Casa Blanca, consideró el experto petrolero y profesor universitario Luis Oliveros, citado por la agencia de noticias AFP.

La ley, según su articulado, da a Maduro la potestad de "inaplicar" normas legales "cuya aplicación resulte imposible o contraproducente" por los efectos de las sanciones y declara además "secretos y reservados" todos los actos derivados de su ejecución, sin fijar mecanismos para la rendición de cuentas.

La estatal petrolera PDVSA vive sus peores momentos desde la nacionalización del sector energético hace más de cuatro décadas.

La producción de Venezuela, de 3,2 millones de barriles diarios de crudo hace 12 años, ha sido menor a 400.000 barriles diarios en los últimos meses, retrocediendo a niveles de la década de 1930.

Con las mayores reservas de crudo probadas del mundo, el país debió recurrir a buques cargados de gasolina y derivados de Irán en los últimos meses para paliar una aguda escasez de combustible.

El "secretismo" de la Ley Antibloqueo es violatorio de la Ley de Nacionalización de la Industria Petrolera de 1976 y la propia Constitución, indicó el abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels.

La aprobación de contratos en materia petrolera corresponde por ley al Parlamento, dirigido por el líder opositor Juan Guaidó, quien es reconocido como presidente encargado de Venezuela por varios países encabezados por Estados Unidos, aunque no controla ninguno de los resortes del poder.

Al "enmascarar" negociaciones con anonimato, "va a ser una ley perfecta para actos de corrupción", sostuvo Daniels.

El Parlamento advirtió que quien llegue a acuerdos al amparo de esta ley, que califica de "instrumento paralegal", podría estar incurso en delitos como "asociación ilícita para delinquir" y "aprovechamiento de bienes provenientes del delito", entre otros.

Sin embargo, la unicameral Asamblea Nacional fue prácticamente borrada por el Tribunal Supremo de Justicia, que considera nulas todas sus decisiones tras declararla en desacato en 2016, poco después de que la oposición tomara el control de la cámara.

La oficialista Asamblea Constituyente, que tomó en la práctica sus atribuciones, tiene previsto cesar funciones en diciembre para dar paso en enero a un nuevo Parlamento, que se elegirá el 6 de diciembre en unas elecciones que Guaidó y los principales actores opositores, además de la Unión Europea, decidieron boicotear por dudas sobre su legitimización y presunción de fraude. (Télam)