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La autopsia del capitán de corbeta venezolano abona la tesis de que fue torturado

Por Agencia Télam

03-07-2019 04:15

El capitán de corbeta venezolano Rafael Acosta Arévalo murió debido a las consecuencias de un “politraumatismo generalizado”, según el informe de la autopsia filtrado hoy por la prensa, lo que abona la tesis de que fue torturado durante su detención en una dependencia estatal.

El informe señala que la causa de la muerte fue “edema cerebral severo debido a insuficiencia respiratoria aguda, debido a rabdomiólisis por politraumatismo generalizado”, reveló el periodista Eligio Rojas en Twitter y recogieron numerosos medios venezolanos.

La rabdomiólisis es “la descomposición del tejido muscular que ocasiona la liberación de los contenidos de las fibras musculares en la sangre” y puede ser causada, entre otros motivos, por “lesiones por compresión o traumatismos”, según el sitio web Medline Plus, de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Asimismo, el cuerpo de Acosta Arévalo tenía “16 arcos costales fracturados, ocho de cada lado”, así como “fractura de tabique nasal, excoriaciones en hombros codos y rodillas”, y “hematomas en ambas extremidades”, según el director de Actuación Procesal del Ministerio Público en el exilio, Zair Mundaray.

El funcionario exiliado agregó en su cuenta de Twitter que el militar presentaba además “lesiones (similares a latigazos) en espalda y muslos, un pie fracturado, múltiples excoriaciones y signos de pequeñas quemaduras en ambos pies (se presume electrocución)”.

Acosta Arévalo fue detenido el 21 de junio por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y alojado en dependencias de ese organismo, sospechado de haber participado de un supuesto complot denunciado por el gobierno chavista.

El viernes pasado fue presentado ante un tribunal y debido al estado que presentaba, el juez ordenó que se lo trasladara inmediatamente a un hospital militar, donde falleció horas después.

Según su abogado, Alonso Medina Roa, Acosta Arévalo llegó al juzgado “en silla de ruedas, se le imposibilitaba el movimiento de las manos y las piernas, tenía los ojos desorbitados y simplemente pedía auxilio”.

El gobierno chavista reconoció la muerte del oficial un día después, sostuvo que había fallecido en el tribunal, subrayó que estaba “imputado por graves actos de terrorismo, sedición y magnicidio en grado de frustración”, y aseguró que investigaría las causas del deceso.

El lunes, el Poder Judicial -bajo control del chavismo- informó en un comunicado que había ordenado la detención de dos suboficiales de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militar), de 22 y 23 años de edad, acusados de homicidio preterintencional “por su presunta vinculación en la muerte” de Acosta Arévalo.

El caso fue condenado por la oposición venezolana y el Grupo de Lima, y la alta comisionada para los Derechos Humanos de la U, Michelle Bachelet, así como numerosos gobiernos, reclamaron una investigación independiente del caso.

El diputado antichavista Miguel Pizarro pidió hoy en Ginebra al Consejo de Derechos Humanos de la U que investigue los casos de Acosta Arévalo y Rufo Chacón, el adolescente de 16 años que este lunes perdió los ojos tras recibir 52 balas de goma en la cara, en la represión de una protesta por falta de gas en el estado andino Táchira, informó el diario digital El Pitazo.

Paralelamente, el representante del presidente interino Juan Guaidó ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Gustavo Tarre, solicitó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cree "un mecanismo especial" para indagar el caso de Acosta Arévalo, informó la agencia EFE.

En tanto, familiares de militares presos en la Dgcim se manifestaron esta mañana frente a la sede del organismo, donde afirmaron que “les pegan con palos y los encierran en cuartos oscuros”, además de no suministrarles los medicamentos que deben tomar.

A la vez, los militares recluidos allí, considerados “presos políticos” por el antichavismo, iniciaron anoche un motín para visibilizar su situación y reclamar atención internacional, reportó la abogada y activista humanitaria Tamara Suju, según recogieron medios locales y la agencia ANSA. (Télam)