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El Parlamento irlandés aprueba boicotear el comercio con los asentamientos israelíes

Por Agencia Télam

24-01-2019 03:30

La Cámara baja del Parlamento irlandés aprobó hoy una propuesta de ley para boicotear los productos y servicios procedentes de asentamientos de Israel en territorios ocupados.

El "Proyecto de Ley de Control de Actividad Económica (Territorios Ocupados)" obtuvo el respaldo de 78 diputados, frente a 45 que lo rechazaron, en su mayoría pertenecientes al partido demócratacristiano Fine Gael.

Esta formación gobierna en minoría gracias al apoyo de un número de independientes y las abstenciones del centrista Fianna Fáil en votaciones clave de la Cámara de Diputados irlandesa.

No obstante, fue el portavoz de la cancillería irlandesa, Niall Collins, quien la introdujo en esta cámara con el propósito de "defender el derecho internacional", según destacó durante la sesión de hoy.

Tras superar votaciones en las dos cámaras del Parlamento, la propuesta de ley debe aún pasar tres filtros más antes de que el presidente irlandés, quien ostenta un cargo principalmente representativo, firme la nueva ley, informó la agencia de noticias Efe.

En ese caso, Irlanda se convertiría en el primer país europeo que veta el comercio de productos y servicios israelíes procedentes de los asentamientos de la franja de Gaza y Cisjordania, declarados ilegales por la Unión Europea (UE) y la U.

La embajada de Israel en Irlanda ya advirtió a principios de este año que este proceso podría dañar los esfuerzos para lanzar una nueva ronda de conversaciones de paz con los palestinos.

Durante los debates previos en el Parlamento, el viceprimer ministro irlandés, Simon Coveney, también señaló que esta normativa "no es compatible" con el derecho comunitario y que no cree que pueda "ser aplicada".

El dirigente conservador, quien ostenta también la cartera de Asuntos Exteriores, prevé que la Corte Europea de Justicia determinará que ese texto "contraviene" la legislación comunitaria, pues las reglas del comercio con terceros países es competencia exclusiva de Bruselas.

Los partidarios de la ley creen que el Gobierno podría aprovechar los procesos de revisión pendientes para encontrar "vacíos legales" y tumbar este proyecto. (Télam)