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ANSA/ Chile: Otra víctima de represión en grave estado

Por Agencia ANSA

02-01-2020 04:30

Por Margarita Bastías SANTIAGO DE CHILE, 2 ENE - En estado grave continúa el profesor Mario Orellana, quien en la madrugada del 1 de enero recibió el impacto en su ojo de un objeto contundente, presumiblemente una bomba lacrimógena, durante las manifestaciones de la madrugada del 1 de enero en Valparaíso.

El subdirector del hospital Van Buren, Rodrigo Riveros, detalló que el joven ingresó "con un diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano complicado, con trauma maxilofacial y un trauma ocular con estallido ocular".

"El paciente fue intervenido por el equipo de neurocirugía, donde se reparó una fractura compleja en base al daño y se encuentra en observación en la Unidad de Cuidados Intermedios", explicó.

También fue evaluado por el resto de las especialidades involucradas, y mañana, "de acuerdo a los hallazgos, va a ser intervenido en una enucleación (extirpación)".

El director regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (DH) en Valparaíso, Fernando Martínez, anunció una querella.

El funcionario visitó a Orellana, ya que "recibimos una denuncia de un joven que fue impactado con un proyectil, que según la denuncia sería una bomba lacrimógena disparada por Carabineros la madrugada del 1 de enero pasada".

Remarcó que el joven "tiene un pronóstico de mucho cuidado, por lo menos va a recibir un par de intervenciones quirúrgicas más, así es que se trata de una situación médica en evolución".

Asimismo, confirmó que pedirá que se aplique el Protocolo de Estambul, manual elaborado para investigar hechos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

Desde Carabineros explicaron que la madrugada del 1 de enero "se registraron violentos incidentes", en los que "alrededor de 300 individuos encapuchados comenzaron a lanzar bombas molotov y diversos objetos contundentes hacia el personal institucional".

Describieron que "los carabineros se encontraban apostados en las inmediaciones, con el objetivo de evitar la instalación de barricadas, junto con resguardar el normal tránsito vehicular de quienes aún se encontraban en el sector donde se realizó el espectáculo pirotécnico de Año Nuevo", consignó radio Cooperativa.

Indicaron que hicieron uso de disuasivos químicos "para dispersar a quienes se encontraban ocasionando graves ataques al personal, como asimismo daños a la propiedad pública y privada".

Sobre el caso del profesor, anunciaron "el inicio de una investigación administrativa, además de entregar todos los antecedentes al Ministerio Público, con el fin de esclarecer fehacientemente la situación anteriormente descrita".

Entretanto, con mayoría opositora quedó conformada la comisión revisora de la acusación constitucional en contra del intendente de la región Metropolitana, Felipe Guevara, por exceso policial en la plaza Italia en Santiago.

Según parlamentarios de oposición, la autoridad regional violó lo estipulado en el capítulo tercero, artículo 19 numeral 13 de la Constitución, donde se explicita el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas.

El jefe de la bancada Demócrata Cristiana, Gabriel Ascencio, planteó que "esta acusación constitucional también tiene un mensaje para todas las autoridades de este Gobierno que están incumpliendo con la Constitución, y que los intendentes sepan que no pueden hacer lo que se les ocurra, que hay una Constitución que nos garantiza el respeto a los derechos de todas las personas".

La estrategia de Guevara "de copamiento de la Plaza Italia transgredió de manera flagrante la Constitución y puso en peligro la integridad de los manifestantes que acudieron al lugar los últimos dos viernes", sostuvo Ascensio.

La diputada de la pinochetista Unión Demócrata Independiente, María José Hoffmann, expresó que "no nos quieren dejar gobernar, no quieren que el país avance.

El intendente Guevara lo único que está haciendo es respetar y mantener el orden público, Santiago y Chile es de todos los chilenos, y no de los violentos".

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, pidió responsabilidad en el uso de esta herramienta (acusación, de aprobarse inhabilita a la persona de ejercer por cinco años cualquier cargo público) y recordó que los derechos no son absolutos, sino que deben ser compatibilizados con los de los demás.

(ANSA).