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ANSA/ Chile: Estado ha faltado gravemente deber proteger DDHH

Por Agencia ANSA

23-12-2019 06:00

SANTIAGO DE CHILE, 23 DIC - El Estado chileno ha faltado gravemente a su deber de proteger los derechos humanos, aseguró el organismo que vigila rigurosamente estos derechos, al entregar un balance desde el estallido social del 18 de octubre pasado (18-O).

"A partir del 18 de octubre, la capital de Chile se remeció", declaró el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (DH), Sergio Micco.

Precisó que "el Consejo del DH ha llegado a la convicción de que, a la fecha, se han violado gravemente los derechos a la vida y a la integridad física y psíquica, entre otros derechos".

En un texto de 109 páginas, la entidad expresó su especial preocupación por las denuncias de uso indiscriminado de perdigones, torturas con connotación sexual, y lesiones oculares".

Los funcionarios del Instituto se desplazaron por centros de salud y de detención en todo el país para constatar la situación de los manifestantes tras el 18-O.

Millones de personas salieron a las calles para expresar el descontento ante la desigualdad y los abusos al interior de la sociedad chilena.

La crisis se inició unos días antes cuando los estudiantes secundarios llamaron a evadir el pago del pasaje del Metro en rechazo al alza en horario pico.

A la actitud de los jóvenes se sumaron adultos y mayores; se cerraron las estaciones del tren subterráneo cuando la gente no volvía a casa y comenzó el incendio de manera simultánea a 7 terminales generándose una ola de saqueos a supermercados que hizo incontrolable la ciudad.

En la madrugada del 19 de octubre, el presidente Sebastián Piñera decretó estado de emergencia y al día siguiente toque de queda.

La gente hizo caso omiso de ambas medidas y siguió saliendo a la calle a protestar.

El DH constató que la mayor cantidad de decesos (26) y 3.

442 heridos se produjo durante el período de estado de emergencia.

Atribuyó la violencia policial a "la falta de control sobre los medios disuasivos y métodos utilizados por parte de Carabineros".

Además, acusó a "una indebida autonomía exhibida, desde el inicio de la democracia, por parte de dicha institución respecto de la autoridad civil".

El organismo dejó en claro que "el Estado ha faltado gravemente a su deber de proteger una serie de derechos humanos como el derecho a la vida, integridad personal, propiedad privada, libertad religiosa, libertad de circulación y otros" al no haber podido garantizar el orden público y la seguridad ciudadana".

Enfatizó que "el pleno acceso y ejercicio de todos los derechos humanos reconocidos nacional e internacionalmente, requiere de condiciones mínimas de seguridad que un Estado democrático debe respetar y garantizar".

Mencionó que el derecho de reunión pública ha encontrado "serias limitaciones" como "la desmedida actuación policial".

Micco aclaró que "no toda forma de violencia constituye una violación a los DDHH", sino que se requiere el actuar de agentes del Estado, contra quienes han presentado 588 querellas criminales.

A la fecha, el DH ha interpuesto seis querellas por homicidio consumado, y donde "existen antecedentes fundados para sindicar responsabilidades de orden penal a integrantes de Carabineros, el Ejército y la Armada".

Además, otras 12 acciones por homicidio frustrado en favor de 20 víctimas, las cuales también se dirigen en contra de agentes del Estado.

En estos dos meses, el Instituto registró en sus 1.

022 visitas a 67 centros de salud, 3.

442 heridos por la acción principalmente de agentes de Carabineros durante las manifestaciones.

De estos, 254 corresponden a niños, niñas o adolescentes.

Dentro de los lesionados, 347 personas sufrieron heridas oculares, por lo que se han presentado 29 querellas.

Especial mención hizo de las querellas por tortura, apremios, y vejámenes con connotación sexual en favor de 135 personas.

El informe detalló que durante el periodo en estudio se registraron seis casos de violación contra hombres adultos, los que motivaron la presentación de querellas contra Carabineros.

También se realizaron 4.

994 denuncias por detenciones arbitrarias, la mayoría en la Región Metropolitana (673) y Valparaíso (214); y 104 denuncias por allanamientos ilegales.

(ANSA).