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La Justicia desestimó una denuncia con la cual Iguacel justificó el cierre de escuelas técnicas

Por Agencia Télam

15-07-2020 05:30

El magistrado federal a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 8, Marcelo Martínez de Giorgi, desestimó hoy la presentación realizada en 2018 por el exadministrador de Vialidad Nacional (ANV) Javier Iguacel, quien había denunciado "la presunta creación de un andamiaje y estructura interna en las escuelas técnicas" del sector y las había clausurado.

El exfuncionario macrista había confrontado con el Sindicato Trabajadores Viales y Afines (Stvyara), que conduce Graciela Aleñá, e hizo ese año una presentación judicial para denunciar "la presunta creación de un andamiaje y estructura interna en las escuelas técnicas, que sería desproporcionada con las funciones asignadas y la finalidad del organismo", lo que fue desestimado por De Giorgi.

La organización sindical exigió otra vez hoy "la inmediata reapertura de las cinco escuelas técnicas de Buenos Aires, Chubut, Santa Fe, Tucumán y Santa Cruz, en las que se formaban los trabajadores" y que dependían de Vialidad Nacional.

El gremio señaló a través de su cuenta de Twitter que a partir de "la utilización del latiguillo mentiroso de la corrupción, la gestión macrista ordenó el cierre de las escuelas viales y eliminó de esa forma la única posibilidad de formación profesional en América Latina de técnicos viales para la construcción y mantenimiento de los puentes y rutas".

El magistrado archivó la denuncia de Iguacel y fundamentó la decisión en que "no se halló desvío de fondos en perjuicio de la administración pública sino una discrepancia con la asignación de ese dinero", y en que "los montos no se utilizaron por afuera del ámbito de esas escuelas técnicas de formación".

"En definitiva, no se vislumbró en absoluto una defraudación al erario público sino una discrepancia de criterios sobre la gestión", puntualizó el juez en su resolución.

La fiscalía indicó que de la auditoría realizada "no se desprendió que a pesar de la deficiencia y ausencia de controles, se ocasionara un perjuicio patrimonial al Estado", por lo que el sindicato sostuvo que continuará "la lucha en demanda de la reapertura de las escuelas porque estudiar es un derecho y no un privilegio". (Télam)