cultura

Integrantes del rubro editorial delimitan los alcances de la norma que fija tope a las importaciones

Por Agencia Télam

04-09-2020 06:45

El Ministerio de Desarrollo Productivo impulsó esta semana la norma 253/2020 que reestablece el régimen de certificación obligatoria para definir los mecanismos tendientes a eliminar los peligros derivados del uso de tintas con alto contenido de plomo en productos gráficos.

La reglamentación, que retoma las formulaciones de una resolución tomada en 2012 y luego derogada en 2016, entrará en vigencia en el transcurso de los quince días de publicada en el Boletín Oficial y retoma lo establecido en el artículo 42 de la Constitución Nacional, en el que se determina que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos.

Distintos actores de la industria toman posición ante la medida haciendo hincapié, sobre todo, en su influencia en el desarrollo de la producción nacional y marcando coincidencias y advertencias sobre su alcance.

Juan Carlos Sacco, presidente de la Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines (Faiga), celebra la medida, ya que la considera "una norma técnica medioambientalista" y hace énfasis en que se trata de "una medida para la industria nacional y la ciudadanía".

"En el año 2010 en el país se producían libros por 20 millones de dólares y se importaban por 80 millones de dólares. Cuando la norma sale, en 2012, la ecuación se da vuelta", analiza.

Según un informe de esa Federación, "los libros están incluidos en el amplio conjunto de productos gráficos alcanzados por la Resolución SC N° 685/2015 y normas conexas" y consideran que al estar exceptuadas de esta certificación las partidas menores a 500 unidades, "no afecta a compradores directos o pequeños importadores".

La Faiga sostiene que "la norma en cuestión requiere, tanto a fabricantes locales como a importadores, la certificación de los productos gráficos, a través de entidades habilitadas, con respecto al contenido de ciertos metales pesados que pueden resultar perjudiciales para la salud y el medioambiente en general" y explican que "cumplida la certificación, los productos gráficos fabricados en nuestro país o importados son comercializados sin ningún tipo de restricción".

Martín Gremmelspacher,ex titular de la Fundación El Libro (FIL) y actualmente presidente de la Cámara Argentina del Libro (CAL), traza un panorama en relación a las importaciones: "Este año se importaron más o menos 12 millones de dólares en libros, el año pasado 50 y el anterior unos 70, 80. Viene bajando producto que la moneda está muy devaluada y el dólar está caro. Eso hace que se complique y las devaluaciones del gobierno anterior hicieron que muchos editores dejaran de importar".

En tanto Silvina Fernández, gerenta general de la distribuidora e importadora de libros Grupal, expresa que no coincide "con esa visión que ubica a las imprentas como el sector más castigado" porque explica que "es cierto que han sufrido durante todos estos años, pero las editoriales y las librerías estamos en iguales o peores condiciones".

"Desde el 2015 a la fecha la producción editorial se redujo en más de un 50%, con la consecuente caída de las ventas. El cierre de numerosas editoriales y librerías ha significado la pérdida de puestos de trabajo en toda la cadena. Es importante, a la hora de proponer medidas, tomar dimensión de la totalidad del universo que compone la industria del libro", desarrolla.

Ante la medida, Fernández, como importadora, manifiesta "preocupación, fundada en la experiencia de lo que sucedió en su momento con la impresión nacional. La consecuencia no fue solamente el incremento del precio de venta al público de los libros editados en el país, sino que además nos restó competitividad en el exterior".

Carlos Díaz es editor de Siglo XXI y coincide con Gremmelspacher en ubicar a esta medida en pos de la defensa de la industria nacional, aunque al momento de analizar su alcance explica que desde esa editorial, "al igual que la inmensa mayoría de las editoriales", imprimen todo en el país.

"Así como te digo que importar 500 ejemplares no tiene mucho sentido, y que por eso creo que es una medida que no afecta casi a ninguna editorial, tampoco tiene mucho sentido exportar 500 ejemplares del mismo título. Sobre todo en países donde tenemos cierta estructura, como España, Colombia o México, también solemos hacer pequeñas ediciones pensando exclusivamente en el mercado local".

Daniela Szpilbarg como investigadora viene relevando el desarrollo del sector editorial, sus características y transformaciones y, en diálogo con Télam, considera que "las editoriales que se pueden ver más perjudicadas son aquellas que imprimen grandes tiradas", las que identifica más "con las editoriales de grandes grupos".

"Aquellas pymes editoriales si bien pueden tener tiradas de 2000 o 3000 ejemplares, en general tienen un promedio de alrededor de 1000-1500 libros. Esto es un dato que habría que relevar cuidadosamente, analizando las tiradas promedio y a qué sectores de editoriales corresponden", afirma. (Télam)