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Designan representantes del Poder Ejecutivo en el Tribunal de Enjuiciamiento del MInisterio Público

Por Agencia Télam

21-08-2020 05:15

Irma Adriana García Netto y Héctor Recalde fueron designados como representantes titulares del Poder Ejecutivo ante el Tribunal de Enjuiciamiento de los Ministerios Público Fiscal y de la Defensa, respectivamente, se informó hoy oficialmente.

García Netto acredita una extensa trayectoria como magistrada en el Ministerio Público de la Defensa, como Fiscal General con actuación en los Tribunales Orales en lo Criminal de la Ciudad de Buenos Aires y en la Cámara Federal de Casación Penal, y como procuradora fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En tanto, Héctor Recalde es un abogado laboralista de reconocida trayectoria en ese fuero y actuó como asesor legal de la Confederación General del Trabajo (CGT).

Recalde fue también diputado nacional e integró el Consejo de la Magistratura de la Nación.

La decisión fue adoptada a través de los decretos 688/2020 y 689/2020, publicados hoy en el Boletín Oficial con el fin de cubrir esos cargos que se encontraban vacantes, según se señala en sus considerandos. Como representante suplente en ambas jurisdicciones fue designado Pablo Enrique Barbuto.

El Ministerio Público fue instituido por la reforma constitucional de 1994, en su artículo 120, como un órgano independiente con la función de instar la acción penal pública y representar los intereses generales de la sociedad, a fin de afianzar la garantía de igualdad entre las partes y del derecho a una tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos.

Cuenta con dos estructuras autónomas e independientes entre sí, que son el Ministerio Público Fiscal, a cargo del Procurador General de la Nación, que es el jefe de todos los fiscales, por un lado, y el Ministerio Público de la Defensa, por el otro, cuya máxima autoridad es el Defensor General de la Nación.

El Tribunal de Enjuiciamiento, en ambas jurisdicciones, actúa en el caso de interponerse una queja ante una denuncia por el desempeño de sus integrantes y desestimada por alguna de las máximas autoridades del Ministerio Público Fiscal o del Defensor General de la Nación.

(Télam)